CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Casique rechazó las disculpas públicas que le ofreció la Fiscalía General del estado, después de su excarcelación por falta de pruebas
El ciudadano Héctor Casique Fernández, víctima de tortura durante la administración del entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue asesinado en la víspera en la ciudad de Cancún.
Casique fue acusado falsamente de ser el autor material del multihomicidio registrado en el bar “La Sirenita”, en una colonia popular de ese destino vacacional, el 14 de marzo de 2013.
Apresado y víctima de diversas vejaciones al interior de la cárcel, fue liberado en septiembre del 2016, cuando un juez dictó el auto de libertad por falta de elementos en su contra.
Apenas el 30 de marzo pasado rechazó las disculpas públicas que le ofreció la Fiscalía General, emanadas de la recomendación CDHEQROO/ 017/ 2015/ II, expedida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHQROO).
El joven de 31 años departía con un acompañante en una marisquería local, a la entrada de la delegación de Alfredo V. Bonfil, cuando sujetos no identificados les dispararon, para luego huir del lugar.
El ataque detonó una persecución por parte de elementos de la Policía Municipal y Federal, quienes dieron alcance a tres de los presuntos responsables del homicidio, a la altura de la avenida Huayacán, en donde se dio un enfrentamiento a balazos, el cual dejó como saldo un policía herido y uno de los presuntos homicidas.
En su momento, Casique habría denunciado públicamente que los 43 policías ministeriales que lo torturaron permanecían laborando dentro de la corporación, pese a que el 27 de agosto de 2015, la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), ordenó ejercer acción penal en su contra.
Figuran en esa lista el ex director de la Policía Judicial, Arturo Olivares Mendiola y el entonces coordinador de Averiguaciones Previas, Arturo Álvarez Escalera, éste último, quien fue nombrado por Borge, años después, procurador del estado.
Casique también habría reprochado que, desde que salió de la cárcel, ni el gobierno del estado, ni la Fiscalía se ocuparon de brindarle seguridad a él y a su familia, pese a que sus torturadores siguen en activo.
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