El Senado brasileño dio ayer el primer paso hacia un posible juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, con la confirmación de los 21 miembros de una comisión que decidirá si se abre un proceso que pudiera poner fin a su mandato.

Los miembros de la comisión, que tiene mayoría opositora, tendrán su primera reunión hoy, cuando comenzará a correr un plazo de diez días en el que deberán debatir un informe sobre la acusación que pesa contra Dilma, que se apoya en unas maniobras contables con las que el gobierno maquilló sus resultados de 2014 y 2015.

Dicho informe será votado por el grupo especial y, si fuera aprobado, llegará dentro de unos 15 días al pleno del Senado, que por mayoría simple entre sus 81 miembros decidirá si se abre el juicio contra la presidenta, que en ese caso sería inmediatamente separada del cargo durante los 180 días que duraría el proceso.

Si Dilma fuera enjuiciada, durante ese período su cargo sería ejercido por el vicepresidente Michel Temer, primero en la línea sucesoria, a quien la mandataria considera uno de los jefes de la “conspiración” que buscar recortar su mandato.

El vicepresidente niega que trabaje por la caída de la mandataria, pero en las últimas semanas mantiene constantes consultas con personalidades de la política y la economía, al parecer con miras al eventual Gobierno que pudiera encabezar desde mediados de mayo.

La comisión, que durante las próximas sesiones escuchará a los representantes de la acusación y a la defensa de la mandataria, fue formada en parte proporcional, en función de los escaños que cada fuerza política tiene en el Senado.

El mayor número de miembros (cinco) recayó en el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), primera minoría en la Cámara alta y liderado por el vicepresidente Temer.

El opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) tendrá tres integrantes, igual que el Partido de los Trabajadores (PT), al que pertenece Dilma y que articula las fuerzas oficialistas, que quedan en minoría en la comisión de senadores.

A los tres miembros del PT, el arco claramente oficialista sólo suma en la comisión otros tres senadores de los partidos de la República (PR), Democrático Laborista (PDT) y Comunista do Brasil (PCdoB), con un miembro cada uno.

Los otros siete cargos en la comisión han quedado distribuidos entre cinco partidos que, al menos en el paso previo de la Cámara de Diputados, votaron en favor de que se inicie el juicio político a Rousseff.

En el gobierno ayer hubo silencio y Dilma dedicó la jornada a consultas políticas con miembros del gabinete.

La defensa de la presidenta la asumió su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, quien participó en un encuentro de la Alianza Progresista, formada por partidos de izquierdas de una decena de países, en el que insistió en su tesis de que en Brasil se forja un “golpe” contra Rousseff.

Lula denunció la existencia de “una alianza oportunista” formada por “la gran prensa, partidos de oposición y una verdadera cuadrilla legislativa”, a la que acusó de “implantar la agenda del caos” para derrocar a Rousseff e implantar una agenda “neoliberal”.

Frente a ello, aseguró que el gobernante PT “resistirá” en las calles y “luchará” para impedir el proceso en el Senado, porque “con la democracia no se juega”.

En el mismo acto, celebrado en Sao Paulo, el presidente del PT, Rui Falcao, advirtió que, si Rousseff finalmente cae, “no habrá tregua ni respeto a un Gobierno usurpador”, al que calificó de antemano de “ilegitimo e ilegal”.