CAMPECHE.- El gobierno mexicano no podrá iniciar obras nuevas de la Fase 1 del Tren Maya, pese a contar con la autorización de impacto ambiental obtenida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), debido a que un juez concedió la suspensión definitiva de las obras que abarcan el Tramo 2, que va de Escárcega a Calkiní, en Campeche, contempladas en esa primera etapa.
El Juzgado Primero de Distrito amparó a más de 100 comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, concediéndoles una suspensión definitiva para efectos de impedir que se ejecuten obras nuevas en ese tramo en lo que dura el juicio correspondiente, informaron hoy el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Indignación y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
“Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, lo cual constituye un beneficio para la sociedad en general.
“Esperamos que, ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución, que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto”, declararon las organizaciones y representantes de comunidades, en conferencia de prensa.
Las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial, radicada en Campeche, son el Fonatur, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM).
En consecuencia, el Fonatur TM no podrá iniciar obras nuevas el la Fase 1 del megaproyecto, toda vez que dentro de ésta se incluye el Tramo 2 de Escárcega a Calkiní, suspendido conforme a la decisión del Poder Judicial.
El proyecto Tren Maya Fase 1 (TM-F1) abarca 631.25 kilómetros de Palenque, Chiapas a Izamal, Yucatán y está dividido en tres Tramos: el 1, de Palenque a Escárcega; el 2, de Escárcega a Calkiní y el 3, de Calkiní a Izamal.
En ellos se pretende desarrollar la construcción y operación de una vía férrea y obras asociadas como viaductos, pasos vehiculares, puentes, terminales ferroviarias, estaciones, talleres de mantenimiento (en Campeche y Mérida), pasos de fauna y alcantarillas.
Contará con 13 estaciones ferroviarias, 146 pasos vehiculares, 24 viaductos, 3 bases de mantenimiento, 40 pasos de fauna y dos estaciones de carga en Campeche y Candelaria.
La mayor parte de la ruta se llevará a cabo en derechos de vía y servidumbres de paso de obras lineales ya existentes, como vías férreas y carreteras y de tendidos eléctricos, de acuerdo con el Fonatur.
El colectivo de personas y organizaciones que interpuso la demanda de amparo, en julio pasado, indicó que decidió ejercer su derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a sus derechos humanos, como el acceso a un medio ambiente sano, vulnerado “por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya”.
“Hacemos un llamado respetuoso al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de nuestros derechos humanos.
“Asimismo, solicitamos respetuosamente a la autoridad judicial para que actúe con mayor diligencia en este caso, pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán están ocurriendo muchas dilaciones procesales”, denunciaron.
Como ejemplo, mencionaron que existe una tardanza generalizada en la admisión de las demandas, de entre 4 y 6 meses; suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables.
Por tanto, consideraron “indispensable” que el Poder Judicial de la Federación garantice el acceso a la justicia y la generación de condiciones que permitan a los pueblos, comunidades y a cualquier ciudadano impugnar las violaciones que se derivan de este proyecto.
“Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que garanticen el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales a ejercer su labor y a actuar a fin de que cesen los ataques de los que hemos sido objeto por ejercer nuestro legítimo derecho a oponernos a las obras del Tren Maya, al considerar que violentan nuestro derecho al territorio y a un medio ambiente sano.
“Desde que se inició este proceso de defensa, los involucrados, tanto en casos individuales como colectivamente, hemos sido blancos de ataques, amenazas, deslegitimación y criminalización por el mero hecho de oponernos a este proyecto”, reprocharon.
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