ARGENTINA.- La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó la sentencia de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de haber favorecido al empresario Lázaro Báez en licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz. La resolución fue emitida este miércoles por la Sala IV de la Cámara de Casación, en una decisión que ratifica la sentencia del Tribunal Oral Federal N° 2 de diciembre de 2022.
Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, integrantes del tribunal de Casación, rechazaron los recursos de apelación interpuestos por la defensa de la expresidenta, así como los de la fiscalía, dejando en firme las condenas y absoluciones dictadas previamente. La defensa de Kirchner anunció que recurrirá esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, agotando la última instancia legal para evitar la ejecución de la pena.
Cristina Kirchner fue hallada culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Sin embargo, en una decisión dividida, los jueces del tribunal de Casación la absolvieron de la acusación de asociación ilícita, un cargo que implicaba una responsabilidad más grave en los hechos investigados.
¿CFK irá de inmediato a la cárcel?
A pesar de la confirmación de la sentencia por la Cámara de Casación, Kirchner no irá a prisión de forma inmediata. En Argentina, las penas se ejecutan solo cuando se hayan agotado todas las instancias de apelación, y el recurso ante la Corte Suprema podría demorar varios años en resolverse, de acuerdo con el Código Procesal Penal Federal vigente.
Aunque la expresidenta no cuenta actualmente con fueros parlamentarios que la protejan de un arresto, su edad (71 años) le permitiría solicitar el cumplimiento de la condena en arresto domiciliario en caso de que la sentencia quede firme. En este escenario, la implementación de la llamada “Ley de Ficha Limpia”, una propuesta que se debate actualmente en el Congreso, podría impedirle postularse a cualquier cargo público en el futuro.
Además de la pena de prisión y la inhabilitación, el fallo de Casación ordena el decomiso de bienes y fondos por un valor de 84.835 millones de pesos argentinos, que se ejecutaría una vez que la sentencia sea definitiva y ajustada al monto actualizado, informó Gustavo Hornos, presidente del tribunal.
¿Qué otros imputados hay en la causa contra CFK?
La resolución de la Cámara de Casación Penal también ratificó las condenas de otros exfuncionarios y del empresario Lázaro Báez, dueño de la constructora Austral Construcciones, quien fue señalado como socio comercial de la familia Kirchner. Báez, que ya cumple prisión domiciliaria en Santa Cruz tras ser condenado en otro caso de enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de armas, fue uno de los principales beneficiados por los contratos de obra pública adjudicados en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
La defensa de Cristina Kirchner argumentó que los contratos de obra pública cuestionados fueron auditados y considerados legítimos en su momento, y ha sostenido que las investigaciones en su contra son parte de una “persecución judicial”, motivada por intereses políticos. La expresidenta, que en su momento también fue vicepresidenta del país, denunció lo que considera una manipulación de la justicia para impedir su participación en la política.
Los procesos judiciales contra exfuncionarios en Argentina se interpretan con frecuencia en términos de luchas partidarias. Sectores aliados a Kirchner sostienen que las condenas son parte de un ‘lawfare’, un intento por eliminar su influencia política, mientras que opositores señalan el fallo como una muestra de que la justicia responsabiliza a altos funcionarios por actos de corrupción.
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