Desde las elecciones del 5 de noviembre se daba por sentado que Trump se libraría de estos dos procedimientos, uno por presuntamente intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 que perdió frente Joe Biden y el otro por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca.

El fiscal especial Jack Smith ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes y determinar cómo proceder de acuerdo con la política del Departamento de Justicia”.

El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.

El fiscal especial recomendó a la jueza Tanya Chutkan que desestime el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.

La posición del gobierno sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó Smith en la presentación ante la jueza. “Pero las circunstancias, sí”, añadió.

“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.

“Como resultado, esta acusación debe ser desestimada antes de que el acusado sea investido”, aclaró.