ISRAEL.- Israel ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) esté preparando emitir órdenes de detención contra funcionarios del gobierno por cargos relacionados con la guerra contra Hamás y el genocidio que ha perpetrado en Palestina.
La CPI -que puede acusar a individuos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio- está investigando el ataque transfronterizo de Hamás del 7 de octubre y el devastador asalto militar de Israel a Gaza.
En respuesta a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación israelíes, según las cuales la CPI podría dictar pronto órdenes de detención contra altos cargos del Gobierno y el ejército israelíes, el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, advirtió el domingo a las embajadas israelíes que reforzaran su seguridad ante el riesgo de lo que el llamó una “oleada grave de antisemitismo”.
“Esperamos que el tribunal (CPI) se abstenga de dictar órdenes de detención contra altos cargos políticos y de seguridad israelíes”, dijo Katz. “No agacharemos la cabeza ni nos dejaremos disuadir y seguiremos luchando”.
El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó que cualquier decisión de la CPI no afectaría a las acciones de Israel, pero sentaría un peligroso precedente.
A los funcionarios israelíes les preocupa que el tribunal pueda dictar órdenes de detención contra Netanyahu y otros altos cargos por presuntas violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza, según han informado medios de comunicación israelíes.
Afirmaron que la CPI también está estudiando órdenes de detención contra dirigentes de Hamás.
La CPI, que tiene su sede en La Haya, y Hamás, el grupo gobernante de Gaza, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.
Israel no es miembro del tribunal y no reconoce su jurisdicción, pero los territorios palestinos fueron admitidos con estatus de Estado miembro en 2015.
En octubre, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, dijo que el tribunal tenía jurisdicción sobre cualquier posible crimen de guerra cometido por combatientes de Hamás en Israel y por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza.
“La CPI es una organización independiente y sus esfuerzos se están llevando a cabo sin ningún contacto ni interferencia por parte de Estados Unidos”, dijo el lunes a la prensa la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield.
Estados Unidos, aliado de Israel, tampoco es miembro del tribunal. Un portavoz de la Casa Blanca dijo más tarde el lunes: “La CPI no tiene jurisdicción en esta situación y no apoyamos su investigación”.
Matthew Gillett, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Essex, dijo que cualquier persona sobre la que recayera una orden de detención no podría viajar a los más de 120 países que son miembros de la CPI, entre ellos la mayoría de los países europeos, Japón y Australia, o podría ser detenida.
Gillet dijo que, si se dictaban órdenes de detención contra funcionarios israelíes, algunos países aliados podrían tomar medidas como reducir las transferencias de armas o reducir las visitas diplomáticas, aumentando el aislamiento internacional de Israel.
Esto haría “más difícil para las democracias liberales occidentales relacionarse con Israel”, afirmó.
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