PUERTO RICO.- Rosselló dijo que pedirá a la Junta de Supervisión Fiscal, establecida por el Congreso de los EEUU para atender la grave crisis financiera de la isla, acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa).
La decisión paraliza todas las demandas judiciales y, tras la presentación de reclamaciones de acreedores y objeciones del Gobierno, deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
En conferencia de prensa, el gobernador, quien trasladó su notificación a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) este martes, indicó que la petición tiene “el propósito de asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía, el pago de la nómina pública y los suplidores”.
Explicó: “(Tras) amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores, no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico”.
La moratoria que impedía que los acreedores reclamasen en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico, dejó de tener efecto este martes.
“Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”, dijo el gobernador.
“No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño”, agregó.
“Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado y estoy convencido que nuestra isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del Gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes”, agregó el mandatario.
El gobernador destacó que de manera responsable su Administración busca cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de 800 millones de dólares anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo.
Esto representa un recorte de 80 % en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas Administraciones.
Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una gigantesca deuda y ante las amenazas de los acreedores de juicios interminables y el riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez solicitó la colaboración de Estados Unidos, del que es un Estado Libre Asociado.
De ahí surgió la ley Promesa, aprobada el año pasado por el Congreso estadounidense ante la imposibilidad de que la isla pudiera afrontar los vencimientos inmediatos de deuda y que ha planteado varios recortes al gasto y en corporaciones públicas para atender la crisis fiscal.
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