La presentadora de televisión Laura Bozzo ya es buscada a nivel mundial porque la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para dar con su paradero y detenerla.
Funcionarios del gobierno federal revelaron que la ficha fue girada hace días a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). La ficha fue notificada a los 195 países que integran la organización.
Hace unas semanas un juez federal ordenó la aprehensión de la conductora de nacionalidad peruana, luego de que rehusó internarse de manera voluntaria en el penal de Santiaguito, en el Estado de México.
Laura Bozzo debía ingresar al penal porque un juez de control la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en la venta de un inmueble, el cual estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El inmueble en manos de las autoridades garantizaba el pago de un adeudo por parte de la presentadora de 12 millones 760 mil 071 pesos.
Bozzo promovió un amparo para evitar ser aprehendida, pero Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en la ciudad mexiquense de Toluca, rechazó concederle una suspensión definitiva, con la cual buscaba frenar la captura.
El juez Ortiz Marmolejo reveló a través de un acuerdo judicial que Laura Bozzo no se presentó al juzgado y no entregó su pasaporte como le fue solicitado. Al no acatar la resolución no podía concedérsele la medida cautelar.
El delito que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa, pero la FGR pidió al juez de control que impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debido al riesgo latente de evadir la justicia, debido a su capacidad económica y por sus contactos con algunos personajes públicos.
La conductora ha estado involucrada en diversos escándalos políticos en Perú y también ha sido denunciada por personalidades públicas en México.
En 2018 se conoció que Laura Bozzo debía 17 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, y que ya había agotado todas las instancias judiciales para impugnar la deuda.
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