VERACRUZ.- El 7 de julio se determinará si procede o no el desafuero de Eva Cadena. El presidente de la Sección Instructora, Ricardo Ramírez Nieto, informó que se le dio entrada a la solicitud de Declaración de Procedencia presentada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en contra de la diputada local de Veracruz, investigada por delitos electorales.
Ayer por la tarde, la Sección Instructora dio la orden de notificar del procedimiento a la legisladora local y excandidata de Morena a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, por lo que tendrá siete días naturales para defenderse.
En el Congreso local de Veracruz están los notificadores autorizados por la Sección Instructora para que procedan a hacerle de su conocimiento la solicitud de desafuero. Se le está haciendo de su conocimiento también que tiene siete días naturales para comparecer a esta Cámara de Diputados ante la Sección Instructora para producir su defensa en forma personal, a través de abogado o haciéndolo por escrito”, dijo Ramírez Nieto.
Recalcó que el Congreso de Veracruz también le sigue un proceso de desafuero a la legisladora local y si a nivel local se determina primero el desafuero, en la Cámara de Diputados se declarará sin materia este procedimiento.
Vamos a estar en contacto con el Congreso de Veracruz y si ellos resuelven antes declararemos sin materia este procedimiento. Si nosotros resolvemos primero así se lo haremos de conocimiento al Congreso local de Veracruz”, explicó.
Precisó que en este periodo de análisis de las pruebas se deberá conocer qué tipo de amparo o amparos tiene Eva Cadena y para qué efectos.
El priista añadió que la Sección Instructora cumplirá con los procedimientos al margen de las cuestiones políticas y si procede esta figura se le notificará a la Mesa Directiva, instancia que debe decidir si abre un periodo extraordinario.
Al margen de lo que decidan las fuerzas políticas nosotros tenemos que ceñirnos a lo que se establezca en el expediente”, recalcó.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, “se impondrá de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello, o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, o en montos que rebasen los permitidos por la ley. La pena se aumentará hasta en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”.
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