Después del mega-puente que los legisladores se construyeron vendrá la disputa por el presupuesto de 2017. Los 51 mil millones de pesos adicionales que diputados y senadores se generaron constituirán la parte central de la disputa.
Será una lucha por recursos inciertos, producto de un mayor endeudamiento, de cambios artificiales a la plataforma petrolera y de un ajuste en el tipo de cambio que implícitamente apuesta porque las condiciones financieras del país no mejorarán en 2017: un retorno de los capitales que salieron en los dos últimos años provocaría una apreciación de nuestra moneda, serían menos pesos por cada dólar de petróleo exportado, lo cual abriría un hueco al presupuesto.
Tal parece que los legisladores siguen sin consultar las estadísticas del Inegi y los informes de finanzas públicas generados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En el primer caso las cifras son contundentes: el gasto público no genera crecimiento económico. Entre 2004 y 2015 el valor agregado propiciado por el sector público tuvo un crecimiento promedio de solo 0.3%. Durante el mismo periodo de tiempo el sector privado promedio una tasa de 3.2%.
Los resultados de los años recientes son todavía menos favorables, para el período 2013-2015 el valor agregado nacional avanzó a un ritmo de 2.0%, pero el vinculado con el sector público retrocedió (-) 0.8%. En todo ese periodo el gasto público y el endeudamiento se incrementaron sin tener un efecto positivo en el desarrollo del país.
El problema no solo se observa en el gobierno federal, la ineficacia del gasto público se extiende a los tres niveles de su administración pública: el valor agregado generado las entidades federativas, municipios, organismos descentralizados y empresas públicas es inferior al promedio nacional y en algunos casos es negativo.
Durante el periodo 2013-2015, el incremento del valor agregado de las entidades federativas y la Ciudad de México apenas promedio un 0.4% anual. Muy inferior a lo que se logra con el gasto federal y en el sector privado.
Altamente preocupante es que las empresas públicas energéticas tengan resultados que restan crecimiento económico: en el periodo de tiempo citado contabilizaron una contracción promedio de (-) 2.4%. Con todo y reforma estructural.
El sector energético es estratégico para el desarrollo industrial y económico de México, no se puede incrementar la competitividad industrial sin un funcionamiento vigoroso del mismo. Su falta de eficacia constituye una atrofia para toda la industria nacional.
Junto con el mal desempeño del sector energético se tiene al gasto vinculado con la Seguridad Social: para el periodo 2004-2015 el valor agregado se elevó a una tasa promedio de 1.2%, sin embargo durante el 2013-2015 el mismo exhibió un retroceso promedio anual de (-) 2.6%.
Sin lugar a dudas que lo anterior tiene un impacto adverso sobre el bienestar de la población mexicana, particularmente en la más pobre, la que tiene una mayor dependencia del gasto social. Lo descrito muestra que incrementar este tipo de gasto no necesariamente conduce a mejorar las condiciones socioeconómicas de México
El problema de fondo es que los legisladores no están preocupados por evaluar la eficacia del gasto público ejercido, su interés se encuentra centrado en contar con más recursos para sus áreas de interés.
Lo descrito no cambiará durante el 2016: hasta el mes de septiembre el gasto neto se ha incrementado 4.6% en términos reales, el problema es que la mayor parte se ha destinado al pago de deuda y a inversiones financieras que no inciden en el crecimiento.
Sí los diputados no comienzan a evaluar la eficacia del gasto público México seguirá viviendo en la paradoja perversa de que se ejercen más recursos pero los beneficios sociales y económicos son menores. Algo que se debe evitar, principalmente porque el pago de la deuda seguirá consumiendo mayores recursos.
Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.
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