CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal erogó —entre 2012 y 2016— al menos 799 millones 97 mil 928 pesos por concepto de blindaje de automóviles, una cantidad con la que se podría haber realizado una inversión de compra de mil 437 patrullas destinadas para la protección de los ciudadanos. De acuerdo con información obtenida vía Transparencia por El Universal, dicho gasto en protección especial de vehículos automotores se hizo de enero de 2012 a agosto de 2016.
Las instituciones federales que más vehículos blindados poseen son la Procuraduría General de la República (PGR), con 357; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con 295; el Banco de México (Banxico), 38; la Presidencia de la República, 33; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 31; Secretaría de Marina (Semar), 28, y Secretaría de Educación Pública (SEP), con 12.
Este diario solicitó información al respecto a 80 de las 324 instituciones enlistadas en el padrón de sujetos obligados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai).
Entre dichas entidades, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) fue la que más dinero destinó en materia de blindaje: erogó 461 millones 502 mil 926 de pesos en una cantidad de coches que no precisó por motivos de seguridad, entre ellos el hecho de que “se pondría en riesgo la vida e integridad física de los elementos de la corporación que hacen frente a los grupos delictivos y que participan en los operativos y operaciones de inteligencia para el cumplimiento de los objetivos y fines de la institución”.
La SHCP fue la segunda institución que más gastó en proteger los automóviles de sus funcionarios, con 92 millones 138 mil 984 pesos, y la Semar fue la tercera, con 82 millones 397 mil 575 pesos, de acuerdo con una base de datos elaborada por EL UNIVERSAL.
En relación con el costo promedio por unidad, la Semar fue la institución que registró los automotores blindados de costo más elevado: 2 millones 942 mil 770 pesos cada uno.
Los vehículos con protección especial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ocupan el segundo lugar en costo promedio por unidad, pues cargaron al erario público 2 millones 104 mil 638 pesos por cada uno.
Por su parte, la Oficina de la Presidencia informó que posee 33 autos blindados, con un costo total de 53 millones 802 mil 213 pesos, lo cual arroja un costo promedio por unidad de un millón 630 mil 461 pesos. “Estos vehículos son utilizados para el desempeño de las misiones generales de este organismo, establecidas en el artículo 4 de su reglamento interno y cuya función principal es la de garantizar la seguridad al titular del Ejecutivo federal y su familia; a jefes de Estado y/o gobierno extranjero que visiten territorio nacional; a ex presidentes de la República y otras personas que por la importancia de su cargo o encomienda, o por su situación, expresamente ordene el titular del Ejecutivo federal”, detalló en un oficio.
Pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sólo posee un coche blindado, éste es el cuarto más caro, con un costo de 1 millón 340 mil 900 pesos, que contrastan con los 75 mil 572 que cuesta cada automotor con blindaje que tiene en su poder la Procuraduría General de la República.
Instituciones como las secretarías de Relaciones Exteriores y de Comunicaciones y Transportes no reportaron ningún automóvil blindado, lo mismo que todos los partidos políticos, a excepción de Nueva Alianza, que informó tener en su poder un vehículo con esas características, que cuesta 299 mil 999 pesos.
El boom de la protección
Protecto Glass es una empresa especializada en blindaje de autos con más de 23 años en el mercado. En sus inicios su visión era proteger al cliente de secuestros y asaltos, crímenes que eran parcialmente comunes durante la década de los 90 en la Ciudad de México.
En 1994, apenas eran conocidas dos empresas; hoy existen más de 110 registradas legalmente y reconocidas por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Carlos Nader, director de la blindadora Protecto Glass, dice que los requerimientos de los clientes se han incrementado hasta llegar a la adquisición de materiales que soportan calibres de tipo militar y otras armas de alta potencia.
“Desde hace 12 o 15 años para acá, los gobiernos federal y locales han invertido dinero en blindajes para proteger a los funcionarios, así como lo hacen los bancos con el transporte de valores o como también se resguarda a las personas importantes, famosas o más vulnerables en términos de seguridad”, comenta Nader, quien asegura que la Segob, a través de su Dirección General de Seguridad Privada, informó que en 2016 fueron blindados legalmente cerca de 3 mil 500 automóviles.
“Hay blindadoras que no están debidamente registradas; o sea, trabajan sin el consentimiento de la Segob. Se calcula que ellos podrían blindar hasta 2 mil automóviles ilegalmente”.
En México, el costo promedio para blindar un vehículo oscila entre los 200 mil y los 600 mil pesos —si se habla de un techo especial o llantas reforzadas—, sin contar el costo inicial de la unidad, que debe ser adquirida por el cliente.
La Norma Oficial Mexicana contempla hasta cinco niveles de blindaje: el tipo A soporta pistolas con calibre .9 milímetros; el B de .30; el C resiste embates de rifles o subametralladoras; el nivel D protege contra rifles de .30 y 6.0, y el E ofrece resguardo ante rifles perforantes o fusiles de francotiradores.
Nader indica que la vida útil de un auto blindado es de hasta cinco años. Al terminar ese periodo es necesario checar los materiales y hacer posibles cambios para garantizar la seguridad del cliente. “Considero que el blindaje recomendado para un secretario de Estado o para un juez debería ser el más resistente y especializado, ya que ellos se encuentran más vulnerables a ataques”, dice el empresario.
Protecto Glass ganó en 2006 una licitación de la PGR por nueve camionetas, mismas que aún siguen en funcionamiento y por las que se erogó una cantidad aproximada de 300 mil pesos. Asimismo, la blindadora trabajó con la Secretaría de la Función Pública (SFP) para reforzar dos camionetas.
“Gasto excesivo en época de austeridad”
Legisladores del PAN y de Morena especializados en materia de gasto público analizaron la base de datos sobre gasto en blindaje elaborada por EL UNIVERSAL.
“Me parece inexplicable cómo algunas dependencias como SHCP, SEP, SFP o ISSSTE, cuyas funciones no están relacionadas directamente con trabajos de seguridad, tengan tantas unidades”, comenta la diputada del PAN Minerva Hernández Ramos, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La legisladora percibe como un exceso la cantidad erogada en proteger automóviles de políticos y funcionarios, como una muestra de la simulación que prevalece en el gobierno en materia de austeridad.
“Cada vez vemos más que el gobierno tricolor ha dicho que no existen gastos excesivos, cuando la cantidad derogada para protección es un exceso que los ciudadanos no tenemos por qué pagar”, dice.
De acuerdo con la base de datos elaborada por este diario, 2012 fue el año con el mayor gasto total de las dependencias del gobierno federal y organismos autónomos en blindaje: 204 millones 639 mil 879 pesos.
En contraste, 2016 fue en el que menos se gastó: 75 millones 699 mil 165 pesos.
Para la diputada de Morena, Araceli Damián, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, no existe una lógica en la manera en la que el gobierno federal gasta en este tipo de protección. “Hay 12 autos blindados en la Secretaría de Educación Pública. Me pregunto: ¿Quién tiene tanto miedo?”.
“Hay autos blindados que cuestan 75 mil pesos y hay otros que alcanzan, en promedio, casi 3 millones de pesos. ¿Quiénes son los funcionarios que tienen miedo a que se les haga algo? Presidencia tiene 3 3 autos blindados. La pregunta es: ¿Por qué tantos? (El presidente Enrique) Peña Nieto debe de usar uno o dos, no veo para qué emplee más. Los otros, ¿para quién son? ¿A quién están cuidando en Presidencia? ¿Toda la familia de Enrique Peña Nieto tiene asignado un auto blindado?”, cuestiona la legisladora.
Entidades opacas argumentan seguridad
De las 80 instituciones a las que solicitó información EL UNIVERSAL, 23 informaron sobre la existencia de blindaje en sus automóviles.
No obstante, entidades como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Cámara de Diputados omitieron dar respuestas y argumentaron que al hacer públicos los datos solicitados se podría atentar contra la seguridad de quienes hacen uso de los coches blindados.
El diputado panista Luis Agustín Rodríguez Torres reconoce que la transparencia en la Cámara baja es limitada. “No es posible que se haga una solicitud de información para ver cuántos autos blindados tiene una secretaría y como respuesta obtengas que puedes vulnerar la seguridad de su personal. ¿Pues qué hicieron para sentirse vulnerables? ¿Es que son tan malas personas que no pueden informar que andan en un carro blindado? Eso no es permisible”.
Desde el punto de vista de la legisladora Araceli Damián, la Comisión Nacional de Seguridad debería informar cuántos automóviles posee, en aras de la transparencia.
“Lo que resalta es la opacidad en la que está la Comisión Nacional de Seguridad”, destaca, “no sabemos cuántos autos están utilizando, ¿por qué se puede gastar tanto?”.
La Sedena respondió, vía Transparencia: “No se localizó documento alguno en el que se indique que se hayan llevado a cabo trabajos para blindar vehículos, por lo cual no se ha generado gasto para ese fin en el periodo que refiere”.
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