CIUDAD DE MÉXICO.- Este sexenio se convirtió en el más violento de la historia de México, al registrarse delitos en total impunidad, además de que solamente se resuelve el 1% de los delitos cometidos, dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Es evidente, las autoridades están rebasadas, es momento de ajustar la estrategia y profundizar la inteligencia. Los ajustes a la estrategia no deben ser sólo policiales, deben ser sensibles y sociales”, expuso el sindicato patronal.
Se rebasaron los 156 mil asesinatos de diciembre de 2018 a la fecha y solamente en el 2022 fueron víctimas de lesiones dolosas 67 mil 318 mujeres. Por ejemplo, está el asesinato, en la Sierra Tarahumara, de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora.
De acuerdo con el informe mundial de Human Rights Watch, miles de personas desaparecen anualmente, 90% de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los que sí se denuncian nunca se investigan, y menos de 16% se resuelven; en 2021 solamente se resolvieron poco más del 1% de todos los delitos.
Los mexicanos no pueden tolerar más esta situación que se vive, urge que la población pueda vivir y desarrollar actividades en paz, por ello todo México tiene responsabilidad de actuar, gobierno y sociedad.
“Frenar la violencia pasa por fomentar la cultura del respeto al otro; hoy, por desgracia la educación pública se ha despojado de ello y del civismo para la correcta formación de ciudadanos”, dijo.
“El gobierno debe cesar en la polarización que genera odio, resentimientos y violencia; más ahora que se ha anticipado el arranque del proceso electoral 2024; construyamos diálogo, cercanía y confianza para reconstruir el tejido social. Exigimos a las autoridades hacerlo juntos”, añadió.
Para la Coparmex hay que trabajar en un sistema de prevención integral contra la violencia, el delito y las adicciones, invertir en proyectos de desarrollo de las comunidades, complementar la acción del gobierno con participación empresarial y de organizaciones que construyen la justicia y la paz, promover la correcta impartición de justicia, “no más presos sin sentencia, no más víctimas sin reparación del daño, no más cárceles sin readaptación”.
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