México.- Con el voto de seis ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió clasificar como reservada la información relacionada con la actividad del avión presidencial, es decir que ninguna información relacionada con las bitácoras de los vuelos presidenciales debe hacerse pública.
El argumento es que se pone en riesgo la seguridad nacional.
Lo anterior cierra la puerta a periodistas e investigadores que a través de la información que mantenía disponible el Estado Mayor Presidencial se pudo demostrar el uso personal que daban algunos funcionarios a las aeronaves oficiales.
El caso es expuesto hoy por el periodista Carlos Loret de Mola que publica hoy El Universal.
Dice que la decisión de la SCJN mutila cualquier posibilidad de vigilancia ciudadana al uso de aeronaves que —parecen olvidarlo— son pagadas con el presupuesto que sale de los impuestos de los ciudadanos.
Refiere que:
“Su fallo (la de la SCJN) abre las puertas a abusos y excesos que empezaban a ser controlados gracias a la vigilancia de medios de comunicación, organizaciones, activistas e individuos en lo particular”.
El periodista refiere que desde el 2005, cuando entró en vigor la primera Ley de Transparencia en México, el Estado Mayor Presidencial (EMP) daba acceso a la información de las salidas y llegadas de todos los aviones que componen la flota presidencial.
De tal forma, el ciudadano que solicitara conocer el uso de las aeronaves, podía acudir a las oficinas del EMP a revisar las bitácoras de vuelos y tomar nota.
Loret de Mola resalta que con ese método, se supo que en el sexenio de Vicente Fox había decenas de vuelos pagados por los ciudadanos a cualquier cantidad de paraísos turísticos, realizados presuntamente por los hijos de la entonces primera dama Marta Sahagún.
“Así nos enteramos también que David Korenfeld, el ex titular de la Comisión Nacional del Agua que fue exhibido por un vecino al utilizar un helicóptero de la Conagua para trasladar a su esposa y sus hijos de su casa al aeropuerto de la Ciudad de México, daba uso de taxi particular no sólo al helicóptero en el que fue exhibido sino a varios helicópteros oficiales”.
El periodista explica que el caso de la flota presidencial llegó a la Suprema Corte por un recurso interpuesto por el Jurídico de la Presidencia de la República en contra de la decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información que consideró que la información de las salidas, destinos y rutas de los aviones presidenciales no debe ser considerada confidencial.
Fue así como con el voto de seis ministros, la SCJN determinó que ninguna información relacionada con las bitácoras de los vuelos presidenciales debe entregarse.
“Con este paraguas, podrán llevarse a sus familias y cuates a un concierto o un evento deportivo en el extranjero y no tendremos modo de llamarlos a cuentas”.
Según expone el periodista, el proyecto fue elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek, ex procurador fiscal federal, y fue apoyado por sus pares Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández.
Arturo Zaldívar votó a favor de entregar sólo los datos relativos a lugares de origen y destino de los vuelos. Y José Ramón Cossío sufragó por autorizar la entrega de toda la información sin restricciones.
En su oportunidad, Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro, quien votó en contra de que se proporcione la información, justificó la decisión argumentando que se estaba salvaguardando la seguridad de los funcionarios públicos.
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