CIUDAD DE MÉXICO.- Al considerar riesgos al honor y buen nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) clasificó como información confidencial el número de denuncias presentadas contra el Mandatario en lo que va de la presente administración, aun cuando diversos grupos ciudadanos y políticos lo han acusado hasta de crímenes de lesa humanidad.
Vía transparencia, la fiscalía de México emitió una resolución en la que protegió, bajo la figura de confidencialidad, este dato y el número de carpetas de investigación iniciadas con motivo de las denuncias presentadas contra el Presidente y los presuntos delitos por los que ha sido señalado.
“Esta Fiscalía General de la República se encuentra imposibilitada jurídicamente para pronunciarse al respecto, toda vez que ésta posee información que se ubica en el ámbito de lo privado, encontrando para tal efecto la protección bajo la figura de la confidencialidad en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP [Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública], ya que afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, denuncia, averiguación previa, [etc] en contra de una persona física identificada o identificable, como es el caso que nos ocupa, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona”, indicó la FGR.
“El dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna denuncia, imputación, procedimiento relacionado con la comisiónn de delitos, afectaría directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio a priori por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia”, agregó.
Esto, aun cuando en enero de este año el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó en varias solicitudes dar a conocer si existen denuncias contra el Presidente en turno y sus antecesores.
En su resolución, el Inai indicó que la difusión de estos datos contribuirá a garantizar el ejercicio del acceso a la información y a favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de los expresidentes y de los presidentes, y así como el actuar de la FGR.
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido diversos criterios en los que consideró que, en el caso de los servidores públicos, el ámbito de protección al honor y buen nombre es menos cerrado que en el caso de ciudadanos que ni siquiera tienen una vida pública.
En lo que va de la presente administración, diversos actores públicos y organizaciones civiles han acudido ante la FGR a denunciar al presidente López Obrador; sin embargo, hasta el momento se desconoce si existen investigaciones abiertas en su contra, pues aunque cuenta con fuero constitucional, no existe nada que impida indagar al Jefe del Ejecutivo federal.
En mayo de este año, el Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) presentó una denuncia contra el Titular del Ejecutivo por delitos electorales, la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, traición a la patria, peculado y delitos de lesa humanidad.
Ese mismo mes el líder del PRD, Jesús Zambrano, denunció al Mandatario por supuesta intromisión en el proceso electoral de junio pasado.
En noviembre de 2020, el grupo parlamentario del PAN en el Senado también lo denunció por ejercicio ilícito del servicio público por las inundaciones de las comunidades indígenas de Nacajuca, Centla, Jalpa, Macuspana y Cunduacán derivadas del cierre parcial de la compuerta El Macayo, ubicada en Tabasco, para evitar que las corrientes de agua entraran directamente al río Carrizal, cuyo cauce se ubica a un costado de Villahermosa.
Desde el año pasado los padres de niños con cáncer han acudido a denunciar al presidente López Obrador y funcionarios del Sector Salud por homicidio, ante la falta de medicamentos para continuar con los tratamientos de quimioterapia que requieren sus hijos.
Coincidencias
El pasado 11 de julio, en su edición impresa, EL UNIVERAL reseñó que en al menos cuatro ocasiones durante este sexenio la Fiscalía General de la República (FGR) ha actuado en coincidencia con alguna petición o sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, o cuando hay algún tema que afecta al Titular del Ejecutivo federal o a su gobierno.
Un caso fue el del exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo Villarreal, cuya vinculación a proceso por presunto enriquecimiento ilícito la dio a conocer la FGR apenas horas después de que se difundiera un video grabado en 2015 en el que aparece el hermano del Presidente, Martín López Obrador, recibiendo dinero en efectivo del extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil David León Romero.
A principios de este año, en enero, el presidente López Obrador se quejó de que el Ministerio Público Federal (MPF) lleva mucho tiempo en las investigaciones del caso del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin. “Ya ha transcurrido mucho tiempo”, acusó.
Ese señalamiento bastó para que la FGR anunciara el 6 de enero que judicializaría en los siguientes días la denuncia que presentó Lozoya Austin contra los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Carlos Salinas y varios exlegisladores del PAN y PRI por presuntos actos de corrupción para la aprobación de la reforma energética.
Hasta el momento el único procesado por la denuncia de Lozoya Austin es el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho.
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