CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) contrató programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos pasivos, durante 2019 y 2020, años del gobierno de AMLO, de acuerdo con un reportaje de El País.
Según el reportaje de El País, durante 2019 y 2020 la FGR firmó 4 contratos por 112 millones 444 mil 696 pesos con la empresa Neolinx en México. Esta firma ha sido intermediaria de Hackin Team, firma italiana señalada de haber sido una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje, en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El País detalló que las compras se hicieron bajo una partida secreta en materia de gastos en seguridad nacional, por lo que dichos contratos no se transparentaron por la FGR. De acuerdo con el medio, la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero celebró 4 contratos para servicios de consulta y análisis de datos masivos y localización geográfica.
El primer contrato se celebró entre la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, el 30 de mayo de 2019, por 48 millones 182 mil 160 pesos, por servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto y liberación de 135 mil búsquedas sin límite diario.
Este servicio es conocido como Geomatriz y fue el mismo que adquirió la FGR en el sexenio de Peña Nieto. Otro contrato fue entre la Policía Federal y Neolinx para el servicio Echo-Plataforma de consulta y análisis de datos masivos, por 20 millones 207 mil 698 mil pesos en 2019 y 34 millones 118 mil 983 pesos. Este producto y el del primer contrato son fabricados por la empresa de Israel Rayzone. Este último permite a la FGR obtener información de un punto de interés en particular o recolectar de forma masiva información de todos los usuarios de internet de México, operando de forma silenciosa.
FGR compró programas para espionaje con partida de seguridad nacional
Según El País, las compras de los servicios por parte de la FGR se hicieron con cargo a la partida 33701, denominada gastos de seguridad pública y nacional. Así se adquirió el programa Pegasus para espiar a activistas y periodistas en el sexenio de Peña Nieto.
El País indicó que si bien la adquisición de estos programas no es ilegal y su uso es justificado para combatir al crimen organizado, también se pueden usar de forma arbitraria.
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