CIUDAD DE MÉXICO.- Durante 2024, la política social ha estado en el centro del debate público. Se ha discutido con amplitud respecto a los logros en materia de reducción de pobreza y sobre los desafíos en la garantía de los derechos sociales para todas las personas. Y muy pronto estaremos debatiendo sobre el presupuesto de egresos para 2025 y los objetivos y estrategias de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
El Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024 (IEPDS) que, como cada dos años, ha publicado el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) da cuenta de los avances y de los desafíos en esta materia. El documento alerta sobre los obstáculos que encuentran los grupos históricamente discriminados –como las mujeres, las personas con discapacidad o las poblaciones indígenas– para salir de la pobreza y argumenta sobre la importancia de avanzar hacia una política que incorpore una lógica integral y multisectorial.
Los próximos gobiernos federal y estatales pronto anunciarán sus programas para hacer frente a los desafíos en materia desarrollo social. El reto es monumental: pese a avances recientes, 46.8 millones de personas viven en pobreza y 9.1 millones en pobreza extrema. Más de la mitad de la población no tiene acceso a seguridad social y más de 50 millones de personas reportaron no tener acceso a servicios de salud. Incluso entre las personas que tienen un ingreso por su trabajo, hay 15.5 millones a quienes no les alcanza una canasta alimentaria.
El IEPDS del Coneval incluye recomendaciones concretas para el próximo Plan Nacional de Desarrollo, como la de “reconocer y fortalecer el enfoque de vida como una visión transversal, de forma que se pueda medir y conocer la magnitud de las inequidades en el ejercicio de los derechos sociales” o “el diseño e implementación de un sistema de cuidados universal con una visión de largo plazo”. Es necesario que las nuevas intervenciones que se desprendan de ese plan y de los programas sectoriales tengan un diseño anclado en la evidencia y que aprendamos de lo que ha funcionado y de lo que ha fallado recientemente.
Más allá de los méritos y defectos de cada programa social, el IEPDS tiene la virtud de pensar en el conjunto de la política social. Y por eso podemos no solo conocer las contribuciones de cada programa a los derechos sociales sino entender los desafíos del conjunto. Sabemos, por ejemplo, que no contar con sistemas de información para identificar y caracterizar a las personas y sus necesidades, ni mecanismos de coordinación efectivos entre sectores y entre ámbitos de gobierno ha provocado que se imponga una lógica sectorial y una desarticulación de los programas sociales. Como ocurría en el pasado, cada programa opera con sus propios padrones (que no se comparten ni son interoperables), con reglas de operación y mecanismos de implementación que responden a sus propios propósitos. Hay una ausencia de una perspectiva integral que oriente las intervenciones a una lógica de curso de vida (para, por ejemplo, que la inversión en la primera infancia se empiece a aproximar a los montos dedicados a personas mayores), una visión territorial (que, en complemento de intervenciones universales atienda especificidades locales) o multidimensional (para que se aprovechen las formas en que los programas pueden complementarse o reforzarse para atender desafíos específicos como la pobreza extrema). El IEPDS ofrece evidencia y argumentos sobre cómo se puede mejorar la política social, para garantizar los derechos sociales de todas las personas y, particularmente, los grupos que han sido históricamente excluidos.
Es desde luego una buena noticia que en el discurso y en las normas constitucionales se avance en la perspectiva de derechos. Pero para garantizar los derechos no basta enunciarlos en la Constitución, sino que se requiere construir políticas públicas bien diseñadas, identificar a las personas y sus necesidades específicas, establecer mecanismos de operación eficaces para acercarles la oferta gubernamental, construir las vías para hacerlos exigibles y, como hace el Coneval, monitorearlas y evaluarlas para aprender, corregir y mejorar.
Investigador Académico del Coneval
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