CIUDAD VICTORIA, TAM- En Tamaulipas 1,136 personas privadas de su libertad están a la espera de una sentencia en alguno de los cinco centros penitenciarios de la entidad.
La información estadística penitenciaria de la entidad señala que al inicio del mes de enero de este 2024 se contaba con 3,983 personas internas, registrándose 70 ingresos en los dos primeros meses, 67 de los cuales correspondían a hombres y tres mujeres.
De las más de mil personas sin sentencia, se estima que un amplio porcentaje se encuentra bajo la modalidad de prisión preventiva oficiosa, por lo que podrían quedar en libertad de aprobarse la eliminación de esta facultad jurídica.
Al mes de febrero el número de personas privadas de su libertad en los centros de ejecuciones de sanciones (Cedes) eran 4002, luego que también egresaron 50 hombres y una mujer de los penales al cumplir sus sentencias o tener un cambio en la medida cautelar.
En el penal de Reynosa se reporta que hay 259 personas que aún no reciben una sentencia por los delitos del fuero común que se les acusa, de ellos solo 18 son mujeres, mientras 97 son del fuero federal, de los que siete son mujeres.
En el penal de Victoria hay 328 reos a la espera de recibir una sentencia por algún delito del fuero común, 300 son hombres, además otros 20 que se enfrentan acusaciones del fuero federal, también esperan sentencia, aquí hay siete mujeres.
En el penal de Altamira los procesados, es decir que aún no tienen sentencia por algún delito del fuero común son 211, de los que 20 son mujeres, mientras que los internos del fuero federal suman ocho, de los que solo una es mujer.
En el penal de Matamoros son 101 los internos procesados, es decir, que no cuentan con una sentencia por delitos del fuero común, de los que cuatro son mujeres y 47 más del fuero federal, allí son tres mujeres las que están a la espera de una sentencia.
En Nuevo Laredo son 38 los que no tienen una sentencia del fuero común y 27 del fuero federal que no tienen una sentencia; en este centro penitenciario no hay mujeres internas.
Si la Suprema Corte de Justicia elimina la prisión preventiva oficiosa, existe el riesgo de que puedan salir de la cárcel casi 68 mil presuntos delincuentes en todo el país, advirtió ayer la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Alertó que, de ese total, cerca de 11 mil personas son acusadas de homicidio, 7 mil por secuestro, casi 6 mil por violación y 4 mil más por narcotráfico o narcomenudeo.
Durante la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria sostuvo que la medida podría sería un riesgo para la seguridad nacional y también la integridad de testigos, víctimas, policías, personal de fiscalías y juzgadores.
“Sería un riesgo para la población en su conjunto, ante la posibilidad de que vuelvan a delinquir. Un riesgo para la seguridad nacional, pues se trata de presuntos integrantes del crimen organizado y un riesgo para el sistema de justicia, que tendría una carga de trabajo excesiva”, aseveró.
Alcalde informó que, ante la posibilidad de que la Corte eche por tierra esa medida cautelar, cinco Secretarios de Estado enviaron una carta a la Ministra Presidenta, Norma Piña, para alertar sobre las consecuencias.
“En nuestra calidad de integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México debemos expresarle nuestra preocupación sobre las implicaciones del sentido del proyecto ya que impactaría a casi 68 mil personas vinculadas a proceso: 9 mil 353 del fuero federal y 58 mil 531 del fuero común”, alertaron.
En la misiva, signada por los titulares de la Defensa, General Luis Cresencio Sandoval; de la Marina, Almirante Rafael Ojeda; de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, la Canciller Alicia Bárcena y Alcalde, el Gobierno federal consideró que invalidar la prisión preventiva oficiosa resultaría en un atentado contra la seguridad pública.
“La preocupación aumenta ante la corrupción que, con frecuencia, se ha detectado al interior del Poder Judicial de la Federación por parte de algunos juzgadores que actúan de manera facciosa para favorecer a delincuentes”, señaló.
“Corrupción que hemos denunciado reiteradamente ante el Consejo de la Judicatura Federal, sin que se investigue o sancione y que, de invalidarse la prisión preventiva oficiosa, resultaría en un atentado contra la seguridad pública”.
Alcalde sostuvo que, mientras la Corte resuelve sobre el tema -en apego a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)-, diversos juzgados federales se han adelantado para entregar suspensiones a quienes tienen órdenes de aprehensión por esos delitos graves.
“El pleno de la región centro-norte emitió ya una jurisprudencia que ordena a todos los jueces de 18 estados conceder suspensiones de amparo que promueven las personas que tienen órdenes de aprehensión, precisamente, por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”, acusó la Secretaria.
La titular de Gobernación recordó que, de acuerdo con la Constitución, quien cometa delitos de alto impacto como delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio, secuestro, feminicidio, tortura, trata de personas y abuso sexual infantil, deberán llevar su proceso bajo prisión preventiva.
La intención es garantizar que el acusado comparezca a juicio, que no haya riesgo de fuga y salvaguardar la seguridad de las víctimas y testigos.
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