MADRID.- En la puerta del Sol de Madrid ocho mujeres han comenzado una huelga de hambre, acampadas entre zapatos de tacón rojos que representan a las asesinadas por la violencia machista en España. A pesar de los cambios legales de 2004 que convirtieron al país en uno de los que más firmemente combate esta lacra, las muertes siguen acumulándose.
Sólo en la última semana tres mujeres fueron apuñaladas en Madrid. El año ha empezado como el peor en una década y son ya 21 las víctimas de violencia machista en sólo dos meses. Los partidos políticos coinciden en que urge un pacto de estado que frene la escalada y han creado una comisión en el parlamento que endurecerá la ley.
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género nació hace 13 años con el objetivo de convertir la violencia contra las mujeres en un problema social prioritario. Su primer artículo resume esta intención: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad”.
La concienciación social ha crecido, pero las cifras revelan que la ley no ha logrado el objetivo de frenar las muertes. Según el ministerio de Igualdad, en 2016 fueron asesinadas 44 mujeres, mientras que la plataforma especializada Feminicidio.net contabiliza 105, con criterios más amplios.
Gracias a la ley de 2004 se crearon juzgados y unidades policiales especializadas en violencia machista, una delegación del gobierno específica, una fiscalía y un Observatorio Nacional. También se endurecieron las penas a los maltratadores, se tipificaron como delito las amenazas, se estableció un programa de reinserción laboral para víctimas, protocolos de ayuda, campañas publicitarias y planes para educar a los niños en la igualdad.
Sin embargo, las asociaciones de víctimas insisten en que hay graves “deficiencias” en la protección a las mujeres que denuncian a sus agresores, y que las órdenes de alejamiento se aplican mal.
Estos problemas alimentan el miedo de muchas mujeres a denunciar. A pesar de que desde 2007 se han presentado más de un millón de denuncias, las asociaciones calculan que 80% de las agresiones siguen sin llegar a la policía. La asociación Mujeres Unidas por el Maltrato lamenta que “el miedo, la dependencia económica y emocional o la presencia de hijos” continúan frenando a muchas mujeres a la hora de dar parte.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, María Ángeles Carmona, asegura que la modificación de la ley que está en estudio debe servir para endurecer aún más las penas y normalizar el uso de pulseras con GPS como forma de localizar a los maltratadores. También debe incluir el ciberacoso y mejorar los protocolos policiales. Las asociaciones de víctimas aplauden estos cambios, pero consideran que el gran problema está en la falta de voluntad política del gobernante Partido Popular (PP). Los recortes sociales han tenido un impacto muy negativo en la violencia machista. El presupuesto de prevención se redujo 19% desde que el PP llegó a la presidencia y pasó de 31 millones de euros en 2010 a 25 millones en 2016.
Los expertos coinciden en que la ley necesita urgentemente más recursos, empezando por más policías para ocuparse de las denuncias —por ejemplo, las unidades de violencia contra la mujer cierran los fines de semana— y supervisar los casos a largo plazo, con el fin de evitar que los maltratadores reincidan con su pareja o con otras mujeres.
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