Luego de que este domingo la Cámara baja de Brasil votara a favor del juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, la mandataria reiteró que no ha cometido ningún crimen y por lo tanto, el proceso de “impeachment” no es más que un intento “no tradicional” de golpe de Estado.

“No hay ningún delito de responsabilidad, en eso voy a insistir. Esas acciones las tomaron otros presidentes de la república y no se consideró algo ilegal. Los actos de los cuales me acusan se practicaron y tienen precedencia técnica. Siento la injusticia porque en mi caso se me ha tratado muy diferente de otros mandatarios”, declaró hoy lunes la mandataria en una conferencia de prensa.

Rousseff, acusada de violar leyes de responsabilidad fiscal al trasladar recursos de bancos públicos a programas sociales, señaló que esas acciones no son ilegales y “no tienen beneficio para mí, no me enriquecí indebidamente por este acto. Tengo la conciencia en paz porque practiqué estos actos que han sido llevados a cabo por todos los presidentes”.

La mandataria aseguró que “cuando estos actos administrativos se llevan a cabo, el presidente lo hace con una cadena de decisiones, hay un análisis técnico y legal y finalmente el presidente lo firma. Esta fue la decisión de todas las personas involucradas.

“Yo tengo la conciencia limpia porque no hay ilegalidad en estos actos y todos saben que es así. No hay nada contra mí, no hay una acusación de apropiación incorrecta de dinero público o de enriquecimiento, por eso siento la injusticia”, señaló la presidenta, que ahora deberá esperar a la votación del Senado que decidirá si se continúa con el proceso de juicio político.

Dilma Rousseff acusó también a la oposición de practicar una estrategia sistemática para crear un ambiente de inestabilidad, bloqueando la aprobación del presupuesto en el Congreso y otras propuestas de ley.

Aseveró que “me enfrento a un golpe de Estado que no sigue la forma tradicional, porque está disfrazado como un proceso legal para perpetrar el delito más abominable contra una persona, que es condenar a alguien que es inocente. Ningún gobierno será legítimo si las personas no se pueden reconocer en él, al no ser producto de la democracia”.

Si el Senado vota a favor del juicio, la presidenta será suspendida del cargo por los 180 días que dura el proceso, y el vicepresidente Michel Temer tomará su lugar. En caso de ser encontrada culpable, será destituída y no podrá volver a postularse para ningún cargo en al menos ocho años.

“El mundo y la historia nos observan. Tengo la fortaleza suficiente para enfrentarme a esta injusticia. Tengo valentía y no me voy a paralizar por esto. Voy a seguir luchando como lo he hecho siempre en mi vida”, señaló la mandataria, quien hizo referencia a cuando en 1970 fue apresada y torturada por la dictadura militar.

“Alguna vez fui torturada por la dictadura, mis sueños son torturados en este momento. Deben estar seguros de que me enfrentaré a todo el proceso para defenderme ante el Senado. No ha comenzado el final, esto es sólo el principio de la lucha, una que será muy larga y democrática”, apuntó.