MÉXICO.- La iniciativa del Partido del Trabajo que contribuyó para que la Bolsa Mexicana de Valores cayera 4.2% y tuviera su peor nivel en 5 años, establece que para resolver la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en México se requiere terminar con el sistema de cuentas individuales de capitalización (Afore), y que el Estado regrese a un sistema de pensiones único.
El documento presentado en la Gaceta Parlamentaria el pasado jueves 22 de noviembre, y que busca expedir la Ley General de Pensiones por Retiro y Garantizados por Vejez, dice que sería una sola institución financiera del Estado quien administre todos los fondos de pensión, para invertirlos en el sector industrial.
Esto, con el objetivo de propiciar el crecimiento y la capitalización de la industria nacional, la generación de empleos y la garantía de mejores rendimientos para los trabajadores a la hora de concluir su vida laboral.
En el artículo cuarto transitorio establece que las cuentas individuales que actualmente estén vigentes deberán migrar al organismo público descentralizado de manera gradual y homologarse a un esquema general.
“La migración total de las cuentas deberá haberse logrado en 5 años a partir de la fecha de apertura de operaciones del organismo público descentralizado controlador de las aportaciones”.
Además, el gobierno federal deberá, en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial de la Federación, crear el organismo público descentralizado controlador de los fondos de pensión por retiro y garantizada por vejez.
Este control de las afores por parte del Estado, describe, debe ir acompañado de incrementos en los niveles salariales para aumentar los montos cotizados, y así asegurar fondos suficientes para garantizar buenos niveles en las pensiones, más allá de los niveles mínimos garantizados.
“Es decir, mejorar las tasas de reemplazo, lo que lograría la sustentabilidad del sistema de pensiones y aseguraría un ingreso adecuado en la jubilación de los pensionistas, suficiente para reducir las presiones financieras que el apalancamiento del gobierno al sistema de pensiones genera sobre las finanzas públicas”.
Dicha ley impactará a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, estados y la Ciudad de México; así como los ayuntamientos de los municipios; las alcaldías de la Ciudad de México; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
Describe que las pensiones por retiro se financiarán a través de un fondo de aportaciones tripartita trabajador-patrón-Estado, y se registrarán en una cuenta individual por trabajador.
Las aportaciones deberán ser 15% del salario base de cotización registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Para las aportaciones corresponderá al trabajador 6 por ciento, al patrón 6 y al Estado 3. Las pensiones garantizadas por vejez se financiarán a través de un fondo establecido por el gobierno federal”, detalla el artículo cuarto.
Detalla que “no se podrán hacer inversiones en los mercados de capitales”.
“El organismo público encargado de administrar los fondos de pensiones deberá, en el caso de las pensiones por retiro, informar a cada titular de una cuenta individual el estado de la misma, en los términos, periodicidad y forma que se establezcan, sin perjuicio de que el titular en todo tiempo tenga el derecho a solicitar cualquier tipo de información, relacionada con su cuenta individual, al organismo”, define el artículo 16 de dicha iniciativa.
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