Tan sólo en un despacho jurídico, decenas de empresas transportistas, así como industrias y comercios de Nuevo León han empezado a promover juicios de amparo en contra del nuevo reglamento de tránsito homologado para los municipios de la zona metropolitana, ya que resulta sumamente lesivo para sus actividades, por las restricciones de horario y vías por las que pueden circular, además de los elevados costos por multas y permisos especiales para trabajar.

Manuel Treviño Benavides, representante del despacho Ragat Grupo Jurídico Integral, informó que los primeros amparos se han promovido contra el reglamento del municipio de Monterrey, que entró en vigor el primero de agosto, ya que contiene al menos cuatro disposiciones que afectan al comercio y la industria no únicamente local, sino de todos aquellos que tienen la necesidad de traer o llevar alguna mercancía o materia prima hacia o desde otros estados del país.

Establece el reglamento, que los vehículos de carga a partir de 3.5 toneladas y 6.5 metros de longitud, sólo podrán circular de diez de la noche a seis de la mañana, y únicamente por ciertas calles de la ciudad. Además, prohíbe la circulación de unidades de doble remolque a cualquier hora.

Si por necesidades de las empresas, sus unidades deben circular fuera de los horarios establecidos, tienen que tramitar un permiso especial por 30 días que tiene un costo de cinco mil 470 pesos por unidad y en cada municipio donde lo requiera.

Treviño Benavides comentó que ante estos excesivos cobros, muchos empresarios y transportistas afirman que prefieren vender sus camiones y dedicarse a otra cosa, pues por ejemplo si tienen 20 unidades que deben transitar por dos municipios, así sea unos pocos días de cada mes, deberán desembolsar 218 mil 800 pesos mensuales, sólo por este concepto.

Pero además, si al cargar o descargar mercancía obstruyen un carril, así sea por diez minutos, necesitan otro permiso de dos mil 920 pesos mensuales, dijo el litigante.

Después de Monterrey, los reglamentos homologados que ya entraron en vigor son los de San Nicolás de los Garza y Santiago, el nueve de agosto, el de Benito Juárez, a partir del 16, el de San Pedro el 19, el de Guadalupe el 26 y el de Apodaca el 30 de agosto.

Explicó que las empresas o transportistas deberán presentar los recursos de amparo contra las nuevas disposiciones de tránsito de los municipios metropolitanos, a más tardar a mediados de septiembre, ya que cuentan con 30 días hábiles para inconformarse a partir de que los reglamentos entren en vigor, pues de no hacerlo estarán consintiendo su aplicación que resulta violatoria de algunos derechos constitucionales que amparan las libertades de tránsito y comercio entre otras.

La primera suspensión provisional de amparo, a favor de una empresa transportista, se concedió el miércoles al resolver el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa un recurso de queja contra la negativa a otorgar la suspensión por parte del Juzgado Segundo de Distrito.

El recurso garantiza al quejoso que no se aplicará en su perjuicio del artículo 37 al 47 del Reglamento de Tránsito de Monterrey, dijo el abogado, al tiempo de confiar que en los próximos días se otorgue a su cliente la suspensión definitiva.