VENEZUELA.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó un nuevo informe en el marco de las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio y observó violaciones que constituyen lesa humanidad.
El informe muestra la evolución de los patrones de violaciones graves de los derechos humanos cometidas en Venezuela, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
De acuerdo con la Misión, hay “motivos razonables” para creer que algunas de las violaciones de los derechos humanos investigadas durante este periodo representan la misma línea de conducta que se vieron en informes previos como crímenes de lesa humanidad.
Estas violaciones investigadas por la Misión en el pasado incluyeron entre otros, la encarcelación o privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura y la violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.
“Estas conductas se produjeron como parte del mismo ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en cumplimiento de una política estatal de silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno del Presidente Maduro, o en apoyo de la misma”, se puntualizó.
La Misión concluyó que dichas violaciones y crímenes fueron cometidos “intencionalmente” y que los autores materiales e intelectuales tuvieron conocimiento del ataque, además que sus actos formaron parte de éste.
En conferencia de prensa virtual este martes 17 de septiembre, los expertos de la Misión señalaron represión a voces críticas y personas que son vistas como opositoras.
“Es una represión que sigue patrones de actuaciones anteriores”, dijo Marta Valiñas, experta integrante de la Misión.
Además de esta “represión selectiva”, dijo Valiñas, vino una “represión más generalizada”, así como violaciones al debido proceso y detenciones arbitrarias masivas.
La situación de derechos humanos no mejoró, se intensificó resultando en graves violaciones de derechos humanos, afectando a un número muy importante de personas que incluye ciudadanos comunes o con perfil público, como opositores políticos, defensores de derechos humanos y periodistas, apuntó la experta.
“Estas violaciones constituyen de lesa humanidad”, sentenció Francisco Cox, integrante de la Misión.
“Esta avalancha represiva ha sido estimulada desde los niveles más altos del Poder”, acusó la experta Patricia Tappatá, también integrante de la Misión Internacional Independiente.
“Estas violaciones no fueron el resultado de hechos aislados o aleatorios, sino que forman una serie de hechos que parte de un plan coordinado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al Gobierno del Presidente Maduro”, indica el informe.
Ante este panorama, tras las elecciones que dieron el triunfo a Nicolás Maduro, la Misión refirió que el nivel de frustración de la comunidad internacional es grande y llamó a no dejar de denunciar y documentar, así como hacer “todos los esfuerzos posibles” con miras a un proceso de rendición de cuentas.
“Que las embajadas y los países ejerzan los derechos que le da el derecho consular de visitar a aquellas personas con doble nacionalidad, que pidan el respeto de las condiciones de detención, que pidan el respeto de las condiciones de detención, que pidan el respeto del debido proceso y que aquellas embajadas que tienen sede en Caracas, abran sus puertas para tomar refugio”.
“Esto, la historia Latinoamericana ha demostrado que salva vidas y por lo tanto es importante que los países asuman ese compromiso cuando están en situaciones de crisis de derechos humanos como lo que estamos viviendo”, dijo Francisco Cox.
“Lo peor que puede pasar es que la frustración de la comunidad internacional se traduzca en inactividad y en adormecimiento. Lo importante es que se mantenga la supervigilancia sobre esta situación que se está viendo”, añadió.
Si se dispara otra ola migratoria, los expertos pidieron ser solidarios con los venezolanos y las venezolanas.
La Misión reiteró la importancia de apoyar los esfuerzos genuinos de rendición de cuentas a nivel nacional, incluidos los llevados a cabo sobre la base del principio de la jurisdicción universal, así como la investigación de la Corte Penal Internacional.
Esta Misión Internacional Independiente fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 42/25, del 27 de septiembre de 2019. Tiene el mandato de investigar las violaciones graves de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014.
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