La corrupción, que permitió el autogobierno de la delincuencia organizada en el penal de Topo Chico y derivó en la masacre de 49 reos, se manifestaba también en los privilegios para algunos internos, como en el caso de Jesús Iván Hernández, “El Credo”, líder de una de las facciones que desde 2012 mantenía el control del reclusorio y extorsionaba a los prisioneros.

Deudos de los presos narraron que les cobraban hasta 5 mil pesos de cuota a la semana, aunque desconocen a qué grupo le pagaban.

El fiscal de Nuevo León, Roberto Flores, admitió que “El Credo” estaba en su celda con una mujer el día de la matanza; tenía una cama king size, una pantalla de 50 pulgadas y baño con acabados de lujo.

A la directora del penal, Gregoria Salazar; al subcomisario de Administración Penitenciaria, Jesús Domínguez, y a un custodio se les giró orden de captura por homicidio calificado y abuso de autoridad.