VERACRUZ.- El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, urgió a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga las investigaciones sobre el hallazgo de fosas comunes en el estado de Veracruz, y demandó al gobierno federal y al Congreso de la Unión agilizar la aplicación de políticas públicas que permitan rescatar a millones de jóvenes amenazados por el crimen organizado.
Será el diputado perredista, Rafael Hernández Soriano, quien presente un punto de acuerdo para que la PGR atraiga la investigación de la que hasta hoy es la mayor fosa común en el país, además de que pedirá a la Cámara de Diputados que solicite a la Auditoría Superior de la Federación una investigación sobre los recursos federales entregados al gobierno de Javier Duarte en Veracruz para el área de servicios periciales.
Hernández Soriano aseguró que México está en deuda con su niñez y sus jóvenes. “Lejos de los discursos complacientes vemos una cruel realidad en la que no se garantizan sus derechos a una vida libre de violencia, derecho a la educación y al bienestar. Por ello, muchos son víctimas o caen en las redes del crimen”.
Detalló que además de doloroso, es una vergüenza para México ver cómo el bono de juventud se dilapida por el incumplimiento de programas y por no centrar la atención sobre este amplio sector de la población.
Criticó que en lo que refiere a la Cámara de Diputados, el dictamen de la iniciativa sobre Ley de Juventudes, que fue aprobado, aún se encuentra en la Mesa Directiva y no ha sido turnado para su discusión por el pleno.
“Estas demoras nos impiden avanzar y dar más garantías en beneficio de nuestros jóvenes, quienes en lugar de terminar estudios universitarios muchos de ellos, lamentablemente acaban embolsados, víctimas de la delincuencia; no podemos permitir esta parálisis, estamos ante una crisis y hay que atenderla, cada instancia en su esfera de competencia”, afirmó.
La tragedia que sufren cientos de familiares en Veracruz por la desaparición de sus hijos se vive de igual forma en otros estados. “Tenemos que impedir que México sea la gran fosa común para muchos de nuestros jóvenes a quienes no se les garantizan sus derechos plenos”, expuso Hernández Soriano.
En noviembre pasado, el legislador presentó la iniciativa para modificar la Ley General de Inclusión de las Juventudes en la que propuso garantizar a este segmento de la población el ejercicio pleno de los derechos humanos, así como fortalecer su participación en la vida social, económica, cultural y política del país.
El legislador perredista expuso que el 51% de la juventud mexicana vive algún grado de pobreza y tiene un promedio de escolaridad de 9.3 años; más de 11 millones de personas entre 15 y 19 años de edad se enfrentan a violencia o integración de pandillas, por lo que urgió a transformar ese escenario.
Ser joven en México, finalizó, debe dejar de ser sinónimo de “pertenecer a un sector socialmente invisible, políticamente reprimido, económicamente relegado y normativamente olvidado”.
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