La diputada priista Martha Orta Rodríguez presentará ante el Congreso de San Luis Potosí una iniciativa de ley que castigue con multas y cárcel a las personas que difundan a través del ciberespacio imágenes “lesivas”  o que “humillen”, mejor conocidas como memes.

En su propuesta, la legisladora plantea que se considere como delito de difusión ilícita de imágenes y sonidos a quien “transmita, publique, difunda o ceda a terceros imágenes, sonidos o grabaciones con contenido lesivo, que denigre o humille a una persona con o sin su consentimiento, las cuales pueden o no contener texto”.

El documento, que será presentado en el Congreso local, platea una “pena de dos a cuatro años de prisión y multa de trescientos a cuatrocientos salarios mínimos”, a quien incurra en dicha conducta.

La propuesta se basa en la idea de que las innumerables posibilidades de comunicación que nos ofrece la red “nos hace vulnerables en todo sentido, pues muchas veces la información se usa para denigrar o lacerar la honra, la buena fe o simplemente exponer la vida de otras personas”, lo que se traduce en cyberbullying.

Orta Rodríguez abundó que su iniciativa pugna por la protección a los menores de edad, ya que de acuerdo con especialistas en seguridad en línea de la empresa McAfee, cuatro de cada 10 personas de entre 12 a 18 años de edad son potenciales víctimas de sufrir algún tipo de acoso o maltrato a través de los medios electrónicos.

Sobre las probables restricciones que su iniciativa significaría a la libertad de expresión, Orta Rodríguez aseguró que no busca establecer límites a tal derecho, pero considera importante que se garantice el respeto a la intimidad de las personas; con base en ello, su iniciativa busca disuadir la violencia o acoso desde las redes sociales.

“Es por esta razón que la propuesta se encuentra dirigida a disuadir estas conductas tan frecuentes en nuestro país como en nuestro estado. Actualmente las redes sociales por sí mismas cuentan con la opción de denuncia, (como Facebook), la cual remite a buscar leyes para sancionar está intromisión a la intimidad. Responde a una necesidad de padres y madres de familia y a una política nacional para contrarrestar la violencia escolar”, explicó.