ARGENTINA.- Cuatro dirigentes políticos presentaron el domingo la primera denuncia penal contra el presidente argentino, Javier Milei, por “asociación ilícita”, “estafas” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, luego de que el mandatario diera difusión a $LIBRA, una criptomoneda con posibles nexos fraudulentos.
En el escrito judicial, que fue hecho público por los propios denunciantes en las redes sociales, se acusa a Milei de ser partícipe en una presunta “megaestafa” que afectó a más de 40,000 personas con pérdidas superiores a los 4,000 millones de dólares.
La denuncia señala al jefe de Estado como “partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas” e involucra a figuras cercanas a su círculo: dos militantes y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Además, se incluye al empresario y CEO de Kip Protocol, Julián Peh, que desarrolló la cripto, y al representante de Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis, quien brindó la infraestructura tecnológica necesaria para $LIBRA, así como a otros posibles responsables que podrían surgir durante la investigación.
“Una organización concertada en cometer miles de estafas de manera premeditada y en simultáneo. En esta megaestafa tuvo como partícipes necesarios a los que organizaron y crearon el proyecto $LIBRA y también en igual medida a quienes lo promocionaron y dieron confiabilidad y respaldo al proyecto”, agregó el documento.
Milei, tras promocionar en sus redes sociales un “emprendimiento privado” basado en la criptomoneda $LIBRA, que no tiene respaldo económico real y fue diseñada para capitalizar el entusiasmo en redes sociales, eliminó la publicación y afirmó no tener relación con el proyecto ni conocer sus detalles.
Durante el tiempo en el que el mensaje estuvo visible, la demanda por la criptodivisa se disparó, su valor se infló, movió millones de dólares y luego se desplomó.
Un informe financiero de la firma estadounidense Kobbeissi Letter reveló que, luego del salto, los inversores iniciales del “emprendimiento” comenzaron a retirar el dinero obteniendo unos 87.4 millones de dólares y “en cinco horas se borraron más de 4,400 millones de capitalización de mercado”.
La demanda sostiene que hubo “coordinación” entre el momento en que se hizo público el proyecto y el tuit de promoción de Milei y aseguran que no existe posibilidad de que no tuviera conocimiento del proyecto de antemano.
Como medidas cautelares, los denunciantes solicitaron a la Justicia requisas a la Quinta de Olivos (residencia presidencial) y a la Presidencia de la Nación para asegurar equipos electrónicos, así como identificar y requisar los domicilios de los denunciados y de las empresas implicadas.
También solicitaron la intervención y peritaje de la plataforma X para resguardar el contenido de la cuenta de Milei y de los demás denunciados, así como el bloqueo de sus billeteras virtuales y cuentas bancarias e implementar medidas de trazabilidad de las transacciones de $LIBRA para identificar a los beneficiarios de la estafa.
Fuentes judiciales confirmaron al portal Infobae que Milei ha acumulado más de cien denuncias en su contra después de que este fin de semana instruyera a la Oficina Anticorrupción (OA) a investigar a los miembros del Gobierno ante la presunta estafa de la criptomoneda.
Según el medio digital, hasta el momento se han presentado 112 denuncias contra el mandatario, por presuntamente participar de la estafa.
Los delitos más mencionados en las demandas contra el mandatario son fraude, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la Ética Pública y asociación ilícita, si bien algunas denuncias apuntan también al cohecho, según recoge el diario Página 12. Esta última acusación llega después de que el conocido empresario estadounidense Charles Hoskinson haya asegurado que allegados del Ejecutivo argentino le pidieron sobornos para organizarle una reunión con Milei.
El principal grupo parlamentario opositor argentino, Unión por la Patria (UxP), anunció el domingo domingo que presentará una solicitud de apertura de juicio político contra el mandatario, al que han achacado la estafa, denunciando su “enorme gravedad” y que se trata de un “escándalo sin precedentes”.
Desde los partidos que apoyan a Milei y desde el propio Gobierno apenas ha habido reacción, con la excepción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ha dado la vuelta a la situación para presentar a Milei como víctima, asegurando que el ‘Criptogate’ es una maniobra para “intentar bajar al presidente”.
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