SALTILLO, Coahuila.-La casa del sacerdote católico, de nacionalidad estadounidense, Robert Francis Coogan Hangarte, de 62 años de edad, fue presuntamente allanada de forma violenta por media docena de desconocidos quienes portaban uniformes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE).
Eran cinco hombres y una mujer, quienes llegaron en una patrulla con logotipos de la policía estatal “Fuerza Coahuila”, le “sembraron droga” y se llevaron detenida a una persona que se aloja en su vivienda.
Así lo denunció públicamente el obispo de la Diócesis de Saltillo, Fray Raúl Vera López, a través de un comunicado de prensa donde narra los hechos ocurridos en el domicilio del padre en la colonia Saltillo 2000, minutos después de la media noche del jueves 16 de marzo pasado.
Relató que Coogan Hangarte ya se encontraba en su habitación dormido en la planta alta y se despertó por el escándalo que provocaron los intrusos, los cuales entraron al domicilio sin orden de cateo de un juez.
El obispo dijo que el encargado de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis Local, relató que en su casa se hospedan tres personas que estuvieron en prisión, Roberto Zúñiga, Eliseo Castillo y Herón Briones Leyva, quien padece de discapacidad.
Como a las 20:00 horas del jueves Roger y Eliseo salieron porque fueron a llevar un horno de microondas a la casa de la novia de uno de ellos y cuando regresaron le avisaron que ya habían vuelto.
Sin embargo Eliseo volvió a la calle, para ir a la tienda de conveniencia que está abierta las 24 horas, momentos después, el cura que se había despertado cuando ellos llegaron, escuchó ruido y gritos de Roger quien exigía que salieran de la vivienda a unas personas que habían entrado intempestivamente.
El presbítero saltó de la cama y bajó a ver qué pasaba, cuando una mujer uniformada trató de detenerlo con un manotazo que tumbó un Cristo que estaba colgado en la pared y este golpeó en la cara al sacerdote.
La mujer subió la escalera, entró a los cuartos y aventó al piso todo lo que encontró a su paso.
Mientras tanto, en la planta baja, frente a Coogan uno de los supuestos policías señaló hacia una mesa y dijo que ahí había “un paquete de marihuana”, acto seguido lo tomó y detuvo a Roger, a quien se llevaron arrestado.
Minutos después volvió Eliseo y le platicaron lo ocurrido, sin embargo él aseguró que ahí no había ningún paquete sobre la mesa, por tanto, señalan que fueron los presuntos “GATES” los que “sembraron” el estupefaciente.
Tras allanar la vivienda, uno de los sujetos amenazó al religioso apuntándole con su dedo: “A lo mejor el padre está involucrado en esto”.
El prelado de la Iglesia Católica, Vera López, demandó a las autoridades estatales esclarezcan los hechos:
Para que de manera oportuna tomen cartas en este asunto tan delicado, porque grupos de la delincuencia organizada utilizan equipo para uso exclusivo de las fuerzas de seguridad con el que amedrentan e intimidan a los ciudadanos”, reclamó.
Asimismo, confió en que las autoridades competentes (la Procuraduría General de Justicia del Estado) investiguen y esclarezcan estos hechos (para dar con los responsables y que respondan ante la ley).
Exigimos que se trabaje para salvaguardar la seguridad de las personas que viven en Saltillo”, agregó en el boletín.
Refirió que en los últimos meses han sido testigos y víctimas de actos de violencia, como el del domingo 29 de enero pasado, contra el sacerdote Raymundo Loera Castillo, de la parroquia San Alfonso María de Ligorio, de la colonia Universidad Pueblo, de aquí de Saltillo.
Muy temprano cuando Loera Castillo se dirigía a oficiar misa, se bajó de su camioneta a limpiar el parabrisas y dos sujetos lo sorprendieron, lo amenazaron con un cuchillo, lo golpearon y le robaron el vehículo, el que chocaron cuadras más adelante y dejaron abandonada para huir.
“La Diócesis de Saltillo condena cualquier acto de violencia que trasgreda la dignidad de las personas y viole sus derechos humanos en especial de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, enfatizó.
Ninguna persona, apuntó, sin importar su condición social física y educativa es merecedora de sufrir ataques y actos que violenten su privacidad y quebranten su integridad.
Asimismo, adelantó que la Diócesis su cargo hará una evaluación de las condiciones de seguridad en las que se encuentran quienes laboran en la demarcación religiosa y atienden a personas en situación de vulnerabilidad.
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