CIUDAD DE MÉXICO.- El próximo año será agitado para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes dejaron múltiples asuntos pendientes.
Entre los asuntos sin resolver están las acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, también conocida como Ley Atenco; la acción promovida por diputados federales contra los preceptos de la Ley General de Responsabilidades y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que regulan la llamada declaración 3de3.
También, la realización del nuevo proyecto de resolución sobre la inconstitucionalidad de la Ley sobre el Derecho de Réplica, luego de que el presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán fue rechazado por la mayoría de los ministros.
La inconstitucionalidad de la Ley Nacional de Ejecución Penal, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; la de la reforma a la Constitución veracruzana promovida por la administración del ex gobernador Javier Duarte, en la que establece que el derecho a la vida será garantizado desde el momento de la concepción, conocida como Ley Antiaborto.
El 14 de diciembre pasado, luego de que el ministro presidente, Luis María Aguilar Morales, rindió su segundo informe anual de labores, declaró clausurado el segundo periodo de sesiones de 2016 y convocó a la sesión de apertura para el próximo 3 de enero, no sin antes llamar a que se realice una reforma legal para darle la facultad al máximo tribunal de elegir los asuntos sobre los que deberá conocer tomando como base la trascendencia de los temas a analizar.
Entre los asuntos que quedaron en la agenda de la Corte se encuentran también el relacionado con la impugnación promovida por diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra la reforma que permite la ampliación del plazo sobre el nombramiento de cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdez, Indalfer Infante González, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez.
Los ministros tendrán que decidir si atraen el recurso de queja contra la instalación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, resolver el amparo promovido por el dueño del News Divine contra la sentencia por corrupción de menores que le dictó un juez penal y el de Rafael Caro Quintero contra las leyes de extradición.
Uno de los temas que más expectativa han generado es la acción de inconstitucionalidad en contra del Código Militar de Procedimientos Penales en el que se establece la extensión de la jurisdicción militar sobre personas civiles contraviniendo la reforma al Código de Justicia Militar derivada de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra el Estado mexicano.
El catedrático de la UNAM, Carlos Daza, explicó que antes de que los ministros establezcan algún criterio sería deseable que el Congreso expida la regulación del actuar de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública para evitar contradicción por modificación en la ley.
“Urge más una reforma legal que establezca y regule el actuar de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública que la resolución por parte de los ministros, porque así una vez establecida esta reforma habrá que esperar a que la Corte, entonces sí, establezca los criterios necesarios de interpretación, pero con una regulación completa, porque si no se corre el riesgo de que el Congreso reforme y la acción de inconstitucionalidad quede sin materia”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.
El especialista en Derecho Penal señaló que la SCJN tiene una gran responsabilidad por la importancia y cantidad de asuntos que tiene que resolver, por lo que la sociedad mexicana debe seguir apoyando su labor para que privilegie la calidad de sus resoluciones. “Los ministros van a tener mucho trabajo para enero, a ellos les toca hacer un estudio minucioso sobre todos estos asuntos, que si bien las salas ayudan a dar agilidad, al final los más relevantes están en el pleno”, indicó.
“Entonces, no se trata de exigirles tiempos, sino resoluciones positivas para la sociedad”, añadió.
El abogado César Gutiérrez Priego, representante de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, afirmó que en el Código Militar de Procedimientos Penales el legislador no delimitó bien las funciones de las autoridades castrenses. “Otra vez se vuelve a confundir el legislador, las autoridades militares única y exclusivamente deben encargarse de los delitos del orden militar y no meterse en asuntos donde haya civiles de por medio”, dijo.
Sobre la petición del ministro presidente de la Corte que busca limitar los asuntos que deben resolver los ministros, Gutiérrez Priego indicó que ellos tienen una máxima responsabilidad que no pueden delegar al tratarse de asuntos de orden constitucional, de este modo muchas resoluciones quedarían sin ser estudiadas a conciencia.
El constitucionalista por la Facultad de Derecho de la UNAM, Roberto Duque, señaló que es evidente que la Corte está desbordada por el cúmulo de asuntos de los que conoce que exceden su capacidad.
Explicó que esto sucede porque en México desde la reforma de 1994 la SCJN realiza al mismo tiempo funciones de tribunal supremo y tribunal constitucional, por lo que indicó que es urgente que se modifique este doble carácter. “Como dice el aforismo jurídico: ‘justicia que llega tarde es injusticia’”.
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