CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Especial que da Seguimiento de la Deuda Pública de Estados y Municipios de la Cámara de Diputados, Pablo Basáñez García (PRI), recordó que a partir de este año, el Congreso podrá vigilar el manejo de los recursos federales que se les designan a éstos, tal como lo señala la reforma en la materia.
Esto dijo, con la intención de que el Congreso pueda verificar la forma en que son utilizados los recursos presupuestales que se les asignan, a fin de evitar que se repitan casos como el de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, Nuevo León y Sonora.
“No podemos permitir que los recursos públicos se sigan manejando con opacidad o se revisan hasta que un gobernador termina su periodo de mandato para que se evidencien los abusos o excesos cometidos. Tenemos que dar un seguimiento puntual para que no se den estos casos”, añadió.
Basáñez García afirmó que la revisión y fiscalización de los recursos federales, debe ir más allá de un tema de partidos o consignas, toda vez que se trata de un apego a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Explicó que la Comisión que encabeza trabajará de manera paralela con la Comisión Bicameral de Disciplina Financiera, con la intención de entablar una mayor interacción entre los tres niveles de gobierno para combatir la corrupción y opacidad con la que se rigen tanto los gobiernos estatales como municipales.
“El objetivo es acompañar a estados y municipios en sus procesos de transparencia, saneamiento de sus finanzas públicas y de reconocimiento en los casos de éxito. No se trata solamente de alertar cuando una entidad esté sobrepasando su capacidad de endeudamiento, se trata de establecer mecanismos que favorezcan las buenas prácticas”, anotó.
El priísta indicó que la Comisión de Seguimiento de la Deuda Pública, estará en estrecha colaboración con los Congresos estatales, en razón de que las deudas son aprobadas por las legislaturas locales.
Asentó que también serán portavoz y estarán al pendiente de los calendarios establecidos entre los gobernadores y los alcaldes, para que éstos ejerzan las facultades correspondientes y de acuerdo a la Constitución.
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