CIUDAD DE MÉXICO.- Este es el segundo municipio con el índice de desarrollo humano más bajo de América Latina, por debajo de los países que integran el África Subsahariana. El que ocupa el quinceavo lugar entre los más pobres, a nivel nacional, de acuerdo con el Coneval.
Es también el municipio del estado de Guerrero donde “sus hombres” llegan a pagar hasta 180 mil pesos por una adolescente para hacerla “su mujer”. O bien, los padres pagan esta cantidad para que sus hijos tengan una esposa virgen y menor de 15 años. Generalmente en contra de su voluntad y violando su derecho a decidir si quieren o no hacer vida en pareja y con quién.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en los últimos 17 años, unas 300 mujeres han tenido que casarse bajo estas condiciones.
—Si es mayor se dice “que no la quieren para puta” —dice el comisario de Yuvi’ nani, Melitón Hernández—, un pueblo tu’un savi de Metlatónoc que, como su nombre lo dice, está a la orilla de un arroyo largo.
“Es una vieja práctica que no podemos erradicar, aunque la ley dice que la práctica se configura como un delito, específicamente de trata de personas”, dice sin mayor congoja el asesor del síndico de Metlatónoc, el abogado Serafín Nava Ortiz.
Violencia en cifra negra
No hay cifras oficiales del número de casos de este tipo en la Montaña de Guerrero, donde la práctica de pagar una dote por la futura esposa sigue vigente, sobre todo entre la población de origen tu’un savi que tiene mayor presencia en Cochoapa el Grande y Metlatónoc (donde hasta 99.6% habla su lengua madre, según el Inegi). El dato más próximo es el de Tlachinollan, con sede en Tlapa, ciudad centro de la región.
La abogada Neil Arias, asesora desde esta ONG a mujeres que quieren romper con esta práctica, sea porque están en matrimonios que fueron arreglados mediante acuerdos monetarios y son violentadas o porque no quieren casarse bajo estas condiciones pero no hallan cómo evitarlo.
Neil tiene 17 años colaborando con Tlachinollan. “En estos años he mediado en más de 100 casos con los padres para que cambien de parecer. Desde que se creó Tlachinollan, hace 23 años, se registró este fenómeno”.
Como Neil, hay dos abogadas más —también hay tres hombres que llevan asuntos más de varones—. Cada una tiene registro similar. La abogada habla de los casos de mujeres que se han negado a casar a temprana edad y que recurren a ellos para que medien con sus padres y hacerlos cambiar de parecer. En apariencia se logra, el problema es que no se sabe qué pasa cuando salen de esas oficinas. Por eso Neil se pregunta: ¿cuántos matrimonios terminan consumándose y cuántos casos quedan sin registrarse? No se sabe. Es una cifra negra. Los casos siguen siendo constantes.
Atentado contra su cuerpo y dignidad
En su informe anual 2017, Tlachinollan destaca que si bien la práctica es una costumbre entre los pueblos indígenas, ésta ha perdido su esencia y termina en un intercambio comercial que atenta contra el cuerpo y la dignidad de las mujeres. “La dote tradicional ha trastocado la integridad y seguridad de las niñas, adolescentes y mujeres indígenas, porque la esencia de esta práctica ancestral se ha transformado a un intercambio comercial que se da entre dos partes, lo que podría derivar en el delito de trata de personas”.
Tlachinollan documenta que abundan testimonios de niñas y mujeres donde narran que han sido víctimas de este tipo de arreglos económicos entre su padre y el padre de su futuro esposo. El acuerdo se da en contra de su voluntad y con cantidades de dinero muy altas. Son tratadas como objeto, como propiedad del esposo, dándole derechos de acceso carnal sin consentimiento previo.
La tarde del 20 de julio, Sabina, de 16 años, indígena tu’un savi, se fue de su casa. Eran las seis de la tarde cuando llegó a casa de Gregoria, su abuela paterna, en el pueblo de Tepecocatlán, en Atlamalcingo del Monte, en la montaña. Llegó y pidió que la dejara vivir con ella porque su madre quería casarla y ella no lo deseaba porque quería seguir estudiando. La abuela le dio la razón, se la llevó a Tlapa.
Al siguiente día fueron al Juzgado de Paz de la ciudad para dejar en claro en acta judicial que Sabina se había ido de manera voluntaria y los motivos para hacerlo. Su madre, Natividad, le había dicho que lo mejor sería que se casara porque ya no podía con los gastos.
Sabina le respondió que seguiría estudiando y que si ya no podía ayudarla entonces iba a trabajar. Su madre no dejó espacio para negarse porque todo estaba arreglado: “No, lo mejor es que te cases”. Así que la mañana del jueves 20 de julio, Sabina fue avisada por su madre que ese día irían por ella. Volvió a negarse; dijo que no quería, que no era su gusto casarse ahora. El asunto para Natividad no tenía más discusión, así que por la tarde la adolescente se fue a casa de su abuela y le contó lo que pasaba.
En el Juzgado de Paz de Tlapa, el 21 de julio al mediodía, doña Gregoria dejó claro que como Sabina es menor de edad no quería tener problemas con su madre —que hace años fue su nuera—, y que si la está ayudando es porque es su deber protegerla. A Natividad, madre de Sabina no le quedó más que aceptarlo. Recriminó, sí, que durante 16 años ella la mantuvo y no recibió nada como retribución.
A Tlachinollan llegan muchos casos así: el síndico de Cochoapa el Grande, Rutilo Ortega Maldonado, que obligó a unos padres a devolver 120 mil pesos de una dote que se pagó hace años porque su hija, Micaela, se regresó a vivir con ellos luego de que Celso, su marido, se fue a trabajar a Estados Unidos y no ha vuelto. Al final, luego de arreglarse, los padres de Micaela sólo devolvieron 30 mil pesos pero a ella le quitaron a su hijo. O como el encarcelamiento de una pareja de muchachos, Jesús y Francisca, también en Cochoapa el Grande, porque él se negó a pagar 260 mil pesos que le exigía el tío que crió a Francisca. En castigo, el tío denunció a ambos y ahora están en la cárcel.
Juan Francisco Torija purgó una pena de siete años por trata de personas en la cárcel de Tlapa. Salió apenas en 2016. Fue porque compró por 50 mil pesos a Flora, una adolescente de 14 años. La compró, dijo en su descargo cuando fue juzgado en 2009, de buena fe, de acuerdo con sus usos y costumbres. Juan es tu’un savi y compró a Flora para que su hijo Melquiades tuviera mujer.
El problema es que se la compró a Braulio Sánchez Locadio, un hombre que no era nada para ella y que, de acuerdo con el expediente del caso atentido por Tlachinollan, la había raptado y violado desde hacía medio año. Flora estaba perdida y sus padres dieron con ella cuando supieron que trabajaba en una casa en Tlapa, o al menos cuando Braulio se la entregó a Juan y éste le dio el dinero. Le dijo que allí iba a trabajar, que fuera obediente y que le iban a pagar bien para luego, si quería, podía ir a su casa. Era noviembre de 2008, para mediados de diciembre, Flora pidió que le pagaran porque iría a su pueblo. Entonces Juan le dijo que no podía irse porque había pagado 50 mil pesos por ella, que si quería irse tendría que devolver el dinero.
Flora estuvo en esta condición durante más de nueve meses, hasta que sus padres denunciaron el caso y Juan, que para entonces tenía 70 años, fue detenido. Braulio, quien la raptó, la violó y la vendió, nunca pisó la cárcel porque huyó tan pronto inició el proceso judicial.
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