CIUDAD DE MÉXICO.- La actividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) no busca confrontación alguna con los demás Poderes de la Unión, afirmó el Ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.
Durante la presentación del informe de labores de la CNDH del 2016 ante el PJF, en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, González Pérez indicó que el sistema de derechos humanos contenido en la reforma constitucional de 2011 aún no ha sido plenamente implementado, razón por la que con las acciones de inconstitucionalidad que promueve el organismo se busca reflexionar y enriquecer el debate sobre los derechos fundamentales en México.
“En ningún caso la promoción de estas acciones ha tenido un ánimo de confrontación con autoridades o poderes, tanto federales como locales ni ha atendido a coyunturas políticas o concertaciones de cualquier otro tipo. Nada más falaz que eso.
“Al interponerse ante la Suprema Corte una demanda de este tipo, se visibiliza y se llama la atención de los diversos actores políticos y sociales sobre el contenido de la norma cuestionada”, dijo.
Señaló que el cumplimiento de la ley frecuentemente es identificado únicamente cuando se aplican sanciones sin que se repare en el respeto al debido proceso y a los derechos de todos los involucrados en los casos en los que se haya cometido un delito, incluyendo víctimas y autoridades.
Por ello, explicó que durante 2016 la actividad de la CNDH fue cuestionada con frecuencia cuando en sus investigaciones y posicionamientos buscó, dijo, que la ley se aplique en todos los casos y que “la autoridad sujete su actuación al marco normativo que le es propio”.
“Nosotros no defendemos delincuentes. Defendemos el cumplimiento de la ley para todas y todos. Durante 2016 hubo voces que quisieron identificar la defensa de los derechos humanos con una vía para preservar la impunidad e impedir la debida persecución de los delitos. Nada más alejado de la realidad”, agregó.
Durante 2016, la CNDH promovió 30 acciones de inconstitucionalidad, que representan casi el 30% de las 111 acciones interpuestas desde 2007, contra diversos ordenamientos federales y locales.
Los temas de estas demandas versan sobre derechos de los procesados bajo el nuevo sistema de justicia penal, libertad de expresión, gratuidad del derecho a la identidad, jurisdicción militar, derechos de las personas con discapacidad, migrantes, alienación parental, consulta de pueblos y comunidades indígenas, matrimonio igualitario, discriminación y derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Actualmente, informó el presidente de la CNDH, se encuentran en trámite 50 procedimientos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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