CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, aseguró que el organismo trabaja en una estrategia conjunta con los consulados de México en Estados Unidos para la protección de nuestros connacionales ante las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.
“Estamos estableciendo una estrategia conjunta para la defensa de nuestros connacionales en orientación a nuestros connacionales. Nos reunimos también con autoridades americanas, con los clubes de connacionales en los Estados Unidos en varias ciudades y próximamente estaremos haciendo esta actividad de orientación y asesoría”, dijo el ómbudsman nacional al presentar el Informe Anual 2016 de la CNDH ante la Comisión Permanente del Congreso de Unión.
González Pérez dijo que en Nueva York han instrumentado una figura de “defensor del migrante” y que se esfuerzo intentará desde la vía diplomática a través de los esfuerzos que pueda hacer la CNDH a con los consulados en los Estados Unidos.
Comentó que han detectado abusos cometidos contra nuestros migrantes, porque en búsqueda de asesoría llegan con notarios, quienes no tienen la capacidad, el conocimiento y la experiencia específica sobre el tema y nuestros connacionales no tienen la orientación debida, sin embargo, sí tienen erogaciones económicas.
Al presentar el Informe, González Pérez mencionó que en 2016, México atravesó una coyuntura crítica de derechos humanos, inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión, así como debilidad del Estado de derecho y falta de un acceso real a la justicia.
Expresó que casos como los del Colegio Americano en Monterrey, Nuevo León, demuestran una realidad que requiere atención en el acoso escolar, los problemas de depresión de niñas, niños y adolescentes, así como una regulación más completa y estricta para la posesión de armas.
En cuanto los presuntos hechos violatorios de mayor impacto, dijo que se registraron 216 expedientes de queja en los que se denunció tortura; 28 casos de privación de la vida y 15 de desaparición forzada, lo cual representó en los casos de tortura y desaparición forzada, un incremento del 332% y del 36.3% respectivamente, en comparación con 2015.
El ombudsman refirió que presentará al Consejo Consultivo de la Comisión una serie de medidas de austeridad y control gasto que implicarán ahorros por más de 50 millones que implicarían ajustes a las partidas de sueldos y salarios del personal de mando superior, una limitación en los gastos de representación, servicios de telefonía y el gasto en combustible.
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