Celebra la CNDH discusión de leyes para prevenir y eliminar la discriminación

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CD. DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) celebró las iniciativas que se discuten en la Cámara de Diputados sobre la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Discriminación, así como del proyecto de decreto que reforma el Artículo 17 Constitucional, en materia de protección y búsqueda de personas desaparecidas y de la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Y es que consideró que están completamente apegadas a la progresividad de los derechos y serán instrumento fundamental para la protección y defensa de los derechos humanos en México.

En un comunicado expresó que la nueva Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Discriminación fortalecerá el trabajo institucional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), transformándolo en un órgano con mayores facultades y herramientas para incidir en la erradicación de las prácticas de exclusión y discriminación en México, fuente de muchas injusticias en el país.

Dijo que está nueva normatividad que se pretende expedir contempla: la prohibición expresa de discriminar, la de adoptar medidas necesarias para lograr la igualdad; promover un marco conceptual antidiscriminatorio; hacer efectivos los derechos a la igualdad y no discriminación en cualquier ámbito, tanto en el público como en el privado; robustecer el mecanismo de protección y defensa a la igualdad y no discriminación con la posibilidad de medidas de apremio, ejecución y sanción para hacer cumplir sus determinaciones y resoluciones; medidas de reparación integral para las víctimas y garantizas de no repetición y por último el involucramiento de los órganos de gobierno del Conspred en el impulso de políticas públicas antidiscriminatorias.

Sostuvo que en México, hasta el día de hoy, la discriminación persiste y subsiste entre las personas de la vida pública y privada, por lo que esta nueva ley, permitirá hacer frente a la discriminación de manera más efectiva, y sancionar a aquellos actores que la ejercen con total impunidad.

El organismo exhortó a las y los legisladores a aprobar la reforma del Artículo 17 Constitucional, en materia de protección y búsqueda de personas desaparecidas, puesto que reconoció y enfatizó la importancia que existe en el reconocimiento del derecho humano que tienen las personas desaparecidas de ser buscadas y localizadas por el Estado, siendo ésta una obligación reconocida por el Artículo 1º de nuestra Carta Magna.

“Se establece en dicha reforma que la búsqueda de personas invariablemente se realizará bajo el principio de que la persona se encuentra con vida, inherente a la investigación que se esté integrando, donde se preservará su personalidad jurídica y demás derechos, conforme a la ley aplicable. Así también, es de suma importancia enfatizar que, en el caso de encontrarse sin vida, se le identificará y se entregará el cadáver o los restos humanos a quien corresponda de forma dignificante”, dijo.

Mencionó que el Estado tiene de igual manera la obligación, conforme lo establece el artículo 1º de la Constitución Federal, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, siendo así el encargado de realizar las acciones de búsqueda y localización bajo una implementación de todos los recursos con los que cuente para tal efecto.

“Desde la Comisión Nacional celebramos la preocupación de las personas legisladoras por procurar la progresividad de nuestro marco normativo, porque hoy, más que nunca, debemos avocarnos a impulsar la progresividad de los derechos humanos necesarios para el fortalecimiento de la cultura de la paz, justicia y no repetición de violaciones a los derechos humanos”, expuso.

Aseguró que estas transformaciones a las referidas leyes permitirán contar con un marco legislativo consolidado para que el Estado mexicano cumpla con su deber de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con el mandato del artículo 1º Constitucional.

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