La titular de Juzgado Quinto Penal, Beatriz Fuentes Navarro, dictó auto de formal prisión contra el canadiense Walter Zuk de 68 años de edad, consignado por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores de edad, este último lo consideró grave empleando el código penal pasado, que a diferencia del vigente, sí marca la libertad bajo fianza.

El abogado de Walter Zuk apeló la decisión y denunció que su cliente no recibe la atención adecuada porque padece diabetes y sufre de la presión.

El vicefiscal de investigación de la Fiscalía General del estado (FGE), José Antonio Bonilla Uribe, acudió a la audiencia de notificación al penal de Las Cruces en Acapulco, donde se encuentra recluido el canadiense desde el domingo 27 de marzo, y recordó que el órgano solicitó que no se le otorgara la libertad bajo fianza y fue lo que determinó la juez.

La Fiscalía informó sobre el auto de formal prisión por los delitos de “abuso sexual y corrupción de personas menores de edad, este último considerado como grave” El código penal vigente marca hasta 14 años de prisión por el delito de corrupción de menores. En Guerrero no es delito grave corromper a menores en la actualidad.

La juez Fuentes Navarro precisó que empleó el código procesal pasado que puntualiza el concepto de prostitución, que no define el actual código penal. En el artículo 216 bis: “Pornografía de menores e incapaces”, considerado como delito grave por el artículo 70 bis del código procesal pasado.

Detalló que la ley establece como máximo un año para que se defina el proceso. La sala penal debe determinar si ella tuvo razón sobre su decisión, que con base en el artículo mediante el cual realizó su fundamentación se le podría imponer una pena al extranjero de ocho a 14 años.

Para la juez, sí se configura el delito de prostitución, porque los que había consignado el Ministerio Público alcanzan fianza.

Sobre el delito ratificó: “Sí existió porque este señor le daba dinero a cambio de que la acariciara”. Sin embargo, no se alcanza a configurar el delito de trata de personas, que se penaliza hasta con 16 años de cárcel.

Fuentes Navarro informó que la embajada canadiense justificó que no tienen permitido estar presentes en ningún juicio, pero no han apoyado legalmente a su ciudadano.