Esta semana en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sus integrantes recibirán la propuesta oficial para instrumentar la nueva Red Genética Nacional Genmex, una base de datos de ADN que incluirá la información de las 32 entidades del país, compartida con los registros de las dependencias federales.

La propuesta, que busca fortalecer la lucha contra el crimen en todo el país, fue impulsada por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien adelantó que esta semana se remitirá el oficio a los titulares del Ejecutivo en las entidades, en el seno de la Conago, “para que se considere su instrumentación”. Aclaró que fue un acuerdo tomado en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Desde febrero pasado el gobernador mexiquense —cuando fungía como presidente de la Conago— entregó el proyecto para la creación de Genmex, en el que establece la adhesión del organismo a la Base de Datos Nacional de Perfiles Genéticos de ADN, que opera la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), para realizar una tarea “homologada y confiable” a nivel estatal y federal.

“El objetivo de esta iniciativa es que cada estado cuente con una herramienta que pueda proveer información real a cada Secretaría de Gobierno, así como a sus respectivas procuradurías”, señala en una carta adicional que envió a los gobernadores.

En este esfuerzo colaborarían las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública, así como la Cruz Roja y la Procuraduría General de la República (PGR).

El trabajo se dividiría en cinco regiones del país: centro, sureste, noreste, noroeste y occidente.

Ávila Villegas explica que el ADN o “mapa de vida” deberá ser estandarizado en periodos mensuales, trimestrales y anuales, compartiendo los resultados obtenidos con la Plataforma México.

“Asimismo, los principales responsables de la Seguridad Nacional y los gobiernos estatales podrán generar un verdadero sistema de inteligencia, a efecto de disminuir las tasas delincuenciales que tiene el país”, argumenta el funcionario.

Agrega que cada entidad tendría la posibilidad de incorporar a su propio sistema información sobre reclusorios, policías, derechos humanos, Semefo, secretarías de Salud y las que cada gobierno estatal considere.