CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, afirmó que la dependencia tiene la firme postura de que en cuatro años se prohíba el glifosato en nuestro país, debido a que es un herbicida altamente dañino para el medio ambiente y en los seres humanos.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados señaló que una de las acciones que está tomando la dependencia que lidera es la de impedir la importación de glifosato al país debido a que es uno de los herbicidas, junto con el paracuat, más usado en nuestro país pero también uno de los que más daños causa.
Al ser cuestionada sobre el anteproyecto emitido en octubre de este año, respecto a este herbicida, Albores Gonzáles señaló que la Semarnat no permitirá que se apruebe el uso de este herbicida y que, en acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la meta es en un lapso de cuatro años.
“Sobre el decreto que se subió a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), ya se le hizo saber al director, al licenciado Alberto Montoya, que en el caso nuestro, de la doctora María Elena Álvarez Buylla y el doctor Jorge Alcocer, donde nosotros planteamos que se realice conforme a lo que ha planteado directamente el Presidente: de manera gradual el que no pueda estar el glifosato”, señaló Albores.
Declaró que desde el inicio, cuando el anteproyecto se presentó, la Semarnat, la Secretaría de Salud (Ssa) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), rechazaron el documento que presentó la Secretaría de Agricultura (Sader), por lo que se acordó que será el Conacyt quien realizará los estudios y la investigación directa sobre el herbicida, así como el uso de tecnologías alternas para que en cuatro años, el glifosato quede prohibido.
Al respecto, María Luisa Albores se comprometió a que la Semarnat haga un listado de los paquetes tecnológicos que están prohibidos en otros países y que siguen permitidos en nuestro país, con el objetivo de crear mesas técnicas con los diputados para debatir y poder tomar decisiones a favor de todos.
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