WASHINGTON, DC.- La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde al presidente Joe Biden para poner fin a la controvertida política migratoria conocida como “Remain in Mexico” o “Quédate en México, originada bajo la administración Trump.
Desde el inicio de su administración, Biden ha intentado poner fin a esta política, que devuelve a México a determinados ciudadanos no mexicanos que entraron en EE.UU. —en lugar de detenerlos o liberarlos en Estados Unidos— mientras se desarrollan sus procedimientos de inmigración.
La propuesta de Biden de poner fin al programa había sido impugnada en los tribunales por una coalición de estados rojos encabezada por Texas, que argumentaba que poner fin al programa era contrario a la ley de inmigración. También argumentaron que la administración violó la Ley de Procedimiento Administrativo —que requiere que las agencias tomen ciertas medidas de procedimiento al implementar la política— en la forma en que se deshizo del programa, formalmente conocido como Protocolos de Protección de Migrantes.
El programa, que se implementó por primera vez en 2019 bajo el entonces presidente Donald Trump, ha sido criticado por los defensores de los derechos de los inmigrantes, que argumentan que es inhumano y que expone a los solicitantes de asilo con solicitudes creíbles a condiciones peligrosas y escuálidas en México.
Antes de que la administración de Trump pusiera en marcha el programa “Remain in México”, ninguna otra administración había adoptado un enfoque de este tipo hacia los solicitantes de asilo no mexicanos que les obligaba a permanecer en México durante el curso de sus procedimientos judiciales de inmigración en Estados Unidos. Biden hizo campaña para acabar con esa política y ha dicho que “va en contra de todo lo que defendemos como nación de inmigrantes”.
Biden se ha enfrentado a un número creciente de cruces fronterizos en el transcurso de su administración en medio de la migración masiva en el hemisferio occidental. Desde octubre, las autoridades fronterizas se han topado con migrantes más de un millón de veces a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, aunque muchos han sido rechazados en virtud de una norma independiente de emergencia por pandemia. El Departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, ha mantenido que la política de “Remain in México” tiene un elevado coste humano y no es un uso eficaz de los recursos.
Según el Departamento de Justicia de Biden, nunca antes se había interpretado que la ley de inmigración pertinente exigiera al gobierno enviar de vuelta a México a los migrantes con procedimientos de inmigración pendientes que no pudiera mantener detenidos.
“Todas las administraciones presidenciales han entendido que se trata de una autoridad puramente discrecional. Eso va para la administración anterior”, dijo la Procuradora General Elizabeth Prelogar en los argumentos orales en abril.
También argumentó que mantener la vigencia de “Permanecer en México” no resolvería el problema esencial: que el Congreso ha instruido que los funcionarios de inmigración “deberán” detener a los solicitantes de asilo cuyos procedimientos están pendientes, pero que los legisladores no han asignado recursos suficientes para esos centros de detención.
“La devolución de territorio contiguo no puede ser la solución aquí”, dijo Prelogar, al tiempo que señaló que cuando la administración Trump estaba llevando a cabo la política, solo el 6,5% de los migrantes encontrados en la frontera estaban inscritos en el programa.
“Tiene limitaciones inherentes”, dijo Prelogar, señalando la adhesión que el programa requiere de México, una nación soberana.
Biden trató de suspender el programa por primera vez el día que asumió el cargo en 2021, lo que provocó la demanda de los estados rojos. En junio, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, emitió un memorando que ponía fin formalmente a la política, pero un juez federal de Texas bloqueó esa medida en agosto.
Días después, la Corte Suprema se negó a dejar en suspenso ese fallo mientras se resolvía la apelación, lo que obligó a Biden a reactivar “Remain en México”.
En octubre, Mayorkas emitió un nuevo memorando en el que ordenaba el cese del programa, con el que pretendía subsanar los defectos de procedimiento expuestos en la sentencia del tribunal de distrito de agosto. Uno de los puntos de controversia en los procedimientos de los tribunales inferiores fue si ese memorándum de octubre hacía que las sentencias anteriores fuesen discutibles, y el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. consideró que no era así.
La política se reanudó el pasado diciembre. Desde entonces, más de 5.000 inmigrantes han sido devueltos a México en el marco del programa, según la Organización Internacional para las Migraciones. Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela están entre las nacionalidades inscritas en el programa.
La cuestión más importante del caso fue el nivel de discrecionalidad que dejan al poder ejecutivo los estatutos de inmigración en cuestión, que fueron modificados en varias ocasiones a lo largo del último siglo. Una de las disposiciones de la ley dice que los solicitantes de asilo cuyos pedidos aún están siendo examinadas “deberán” ser detenidos mientras se llevan a cabo esos procedimientos.
Otra disposición, adoptada en 1996, dice que el gobierno federal “puede devolver” a los inmigrantes que aún esperan sus procedimientos al territorio contiguo por el que entraron. Otra disposición dice que, “caso por caso”, los funcionarios de inmigración pueden poner en libertad condicional a los inmigrantes cuyos procedimientos estén pendientes.
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