Avala Senado reforma que obliga a hospitales privados a transparentar costos de servicios

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CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad, el Pleno del Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Salud, para garantizar una mayor transparencia e información al paciente con relación a los servicios médicos que adquiere.

El dictamen, aprobado en lo general y en lo particular por 85 votos, obliga a los prestadores de servicios de salud a proporcionar a los pacientes, por medios electrónicos o impresos, el detalle de precios y servicios aplicados como anexo a la factura respectiva.

Establece que los prestadores de servicios de salud de carácter público y privado, incluyendo el servicio personal independiente y los servicios auxiliares de diagnóstico, deberán publicar los precios de sus servicios vigentes en el punto de ingreso del paciente y, en su caso, en los medios informativos.

Además, exige que se otorgue a los pacientes toda la información necesaria para una mejor toma de decisiones relacionadas con su salud, no sólo respecto a la información sobre la eficacia y riesgo de los tratamientos, sino de los procedimientos en específico que conlleva cada intervención, monto aproximado sobre los precios y la existencia de terapias alternativas.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Américo Villarreal Anaya, señaló que la privatización de la salud no debe ser una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios.

Por ello, subrayó que es necesario contar con una regulación que garantice el acceso a los servicios médicos, sin que los ciudadanos sean víctimas de costos excesivos.

Dijo que la propuesta busca disminuir el “gasto de bolsillo” que realizan los mexicanos, a través del fortalecimiento de las disposiciones legales establecidas, con el fin de evitar situaciones de lucro considerables.

La senadora del PRI, Claudia Anaya Mota, advirtió sobre el incremento en los costos en materia de salud como consecuencia del uso de los servicios médicos privados, “cuando debe ser el Instituto de Salud para el Bienestar el que debe ofrecer y garantizar, de manera gratuita, la atención a los ciudadanos que acuden a recibir estos beneficios”.

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