CIUDAD DE MÉXICO.- En la Cámara de Diputados, 63 de las 66 iniciativas que se presentaron durante la pasada Legislatura federal a fin de fortalecer la protección de los migrantes en México, fueron desechadas, retiradas o se quedaron en el tintero en calidad de “pendientes”; representan 95.5% del total.
Se trata de propuestas para garantizar que el Estado proteja a los migrantes “bajo el principio de no criminalización”, para suscribir instrumentos internacionales para atender las causas estructurales de la migración, para sancionar a funcionarios que propicien la trata de migrantes, así como elaborar e implementar protocolos de atención para evitar la violencia, entre otras, y que no fueron aprobadas por falta de voluntad o de acuerdos.
Una revisión realizada por EL UNIVERSAL establece que sólo tres de las 66 propuesta fueron avaladas en el pleno, mientras que una de ellas fue desechada, 11 fueron retiradas, y 51 siguen pendientes de ser atendidas y se turnaron a la Legislatura actual para su revisión y dictaminación.
Entre las iniciativas que están pendientes se encuentra una para diseñar e implementar un curso integral de capacitación y formación permanente dirigido a los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM), para la atención de los niños y adolescentes, sin perjuicio de su estatus migratorio.
También sigue en el tintero una propuesta que busca crear el fondo de apoyo migrante para realizar acciones encaminadas a favorecer la reinserción de los extranjeros en retorno, y una más para tipificar la tentativa de tráfico de personas, a fin de imponer hasta 19 años de prisión a quienes cometan este flagelo.
Hay otra propuesta pendiente que busca destituir a servidores públicos del INM que propicien o coaccionen de manera probada, con dolo o por negligencia, la comisión de delitos de trata de personas y/o tráfico ilegal de migrantes, una más para designar espacios accesibles a migrantes con discapacidad, otra para que los miembros de la Guardia Nacional (GN) asignados a operativos de migración “se apeguen a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego”.
Y para destituir a los servidores públicos del INM por emplear violencia física, verbal o sicológica, además de hostigamiento e intimidación mediante aparatos de grabación, atentando contra la dignidad de los migrantes
La primera de las tres reformas que sí se aprobaron en el pleno fue la impulsada por diversos grupos parlamentarios el 12 de marzo de 2020, para que los migrantes puedan solicitar y obtener permisos de trabajo “sin que se requiera oferta de empleo”. Se avaló por unanimidad el 3 de diciembre de 2020.
También se aprobó una iniciativa que interpuso el exdiputado de Morena Luis Javier Alegre Salazar el 27 de febrero de 2020, para garantizar que el personal del INM “se auxilie de herramientas tecnológicas en la vigilancia de entrada y salida de nacionales y extranjeros”, la cual pasó por unanimidad de 456 votos el 3 de febrero de 2021.
El tercer dictamen que se aprobó en el pleno de San Lázaro fue una reforma para crear la ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno.
“Esta ley permitirá crear un ordenamiento jurídico con el objeto implementar medidas para prevenir el desplazamiento forzado interno; establecer un marco garante para atender a las personas en esta situación; reparar integralmente por medio de soluciones duraderas, así como establecer la distribución de competencias entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales”, señalaba en sus argumentos la iniciativa, misma que se presentó el 12 de marzo de 2020 y se avaló el 29 de septiembre de 2020.
En la 64 Legislatura también se presentaron 75 proposiciones de las cuales se aprobaron 27, se desecharon 23, cuatro fueron retiradas y 21 quedan pendientes.
Entre ellas destaca la petición para obtener las rutas de vigilancia en el camino de las caravanas migrantes, el exhorto al Instituto Nacional de Migración para que diseñara un plan de emergencia co el objetivo de vigilar la protección de los derechos de los migrantes, la solicitud para que monitorear el desempeño de las autoridades policiales “a fin de evitar extorsiones y actos de corrupción en las carreteras federales”, e incluso una petición para investigar de manera exhaustiva “la actuación de funcionarios del INM que presuntamente retuvieron a los migrantes y posteriormente los liberaron antes de los hechos trágicos del 24 de enero de 2021”, cuando el Ejército halló 19 cuerpos calcinados.
De las 51 iniciativas pendientes desde la pasada Legislatura, en la Comisión de Asuntos Migratorios no han tratado una sola; sin embargo, ya están en la mesa tres de los actuales diputados: una de ellas de la perredista Elizabeth Pérez, para “establecer que las autoridades mexicanas hagan lo posible por preservar la unidad y vínculos familiares, velando en todo momento por la protección y salvaguarda de derechos humanos y el interés superior de la niñez de las personas migrantes”.
Otra del panista Israel Castillo para “mantener actualizado el registro de visitantes por razones humanitarias de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados”, y una más para establecer que los connacionales comprueben su nacionalidad con la matrícula consular vigente.
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