CIUDAD DE MÉXICO.- En 2020 se ejercieron 2 mil 248 millones de pesos en publicidad oficial, de un total de 2 mil 452 millones aprobados para ese ejercicio fiscal. Esto significa que el gobierno federal gastó alrededor de una quinta parte con respecto a los 11 mil 398 millones de pesos del segundo año de la administración de EPN. Así, se sostiene la tendencia a la baja en el gasto de publicidad oficial, destacó un informe de Fundar y Artículo 19.
Sin embargo, ambas administraciones tienen en común la persistente ausencia de reglas claras de asignación y distribución de la pauta oficial.
“Esto se mantiene como una mala práctica, ya que permite la concentración del gasto en un pequeño grupo de medios de comunicación o que la mayoría del gasto sea ejercido por unas cuantas instituciones”, subrayó.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, Pronósticos para la Asistencia Pública, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Comisión Federal de Electricidad, ocupan los 5 primeros lugares de las instituciones que más ejercieron recursos para publicidad oficial, concentrando más del 70% de la totalidad de los recursos.
En el mismo sentido, de los 457 medios de comunicación que recibieron recursos por publicidad oficial, 10 de ellos concentran más del 52% de los recursos, quedando menos de la mitad de la totalidad de los recursos a 447 medios.
Televisa, TV Azteca y La Jornada ocupan los 3 primeros lugares (con un total del 28.6%).
Tal como se muestra en la portada de esta nota, Televisa recibió más de 222 millones de pesos (9.88% del total). Azteca, la otra televisora, recibió más de 213 millones de pesos. En tercer lugar quedó La Jornada, que recibió más de 208 millones de pesos (9.27% del total). Ya más abajo en un lejano cuarto lugar están medios masivos mexicanos, con 145 millones; Grupo Fórmula con 93 millones; y Telefórmula con 80 millones. En estos últimos casos el mismo grupo concentra más de 173 millones de pesos.
Esto habla de una inequitativa y desigual distribución, señala el informe.
“La falta de una debida y correcta legislación en la materia genera consecuencias nocivas para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información, así como la permisibilidad de malas prácticas y planeaciones en el ejercicio del gasto. A partir de los datos, es factible afirmar que es necesario generar políticas de comunicación social que permitan conocer a detalle las campañas, sus finalidades, que tomen en cuenta las necesidades de las audiencias a las que están dirigidas y que la información sea accesible, verificable, comprensible, oportuna, clara, idónea, suficiente y veraz para satisfacer los fines informativos, educativos o de orientación social establecidos en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución”, expusieron las organizaciones.
“A ello se agrega la tendencia al “gasto decembrino”, señalada cada año, ya que hubo una concentración del 69% del gasto en el mes de diciembre, mientras que en el primer semestre del año se ejerció únicamente el 2.6%, es decir poco más de 58 millones”, agregaron.
Actualmente sigue pendiente de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación tanto las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018 presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el partido político Movimiento Ciudadano y un grupo de senadores y senadoras en contra de la actual y vigente Ley General de Comunicación Social. De igual manera, sigue pendiente la resolución del amparo en revisión 308/2020 presentado por Artículo 19 en contra de la mencionada ley.
“Las tendencias identificadas a partir de los datos de 2020 refuerzan la necesidad de que la actual Ley General de Comunicación Social sea abrogada. Es necesario dar pie a una nueva discusión en la que converjan voces de la sociedad civil, la academia, legisladores y legisladoras, medios de comunicación, periodistas y especialistas en la materia, para que en un ejercicio de parlamento abierto se encuentren las opiniones que encaminen una nueva legislación con enfoque de derechos humanos y que coloque en el centro a la sociedad”, anotaron.
“Preocupan las afirmaciones del presidente de la República realizadas en la conferencia de 04 de agosto pasado, en la cual señaló que no tenía la intención de regular la publicidad oficial, cuando subsiste una legislación vigente que avala malas prácticas”, señalaron.
“Por ello, hacemos un llamado a la Suprema Corte a resolver con perspectiva de derechos humanos los recursos que están pendientes. Y, por su parte, hacemos un llamado a esta administración federal a generar las condiciones políticas necesarias para abrir una discusión en torno a una nueva ley”, concluyen.
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