ECUADOR.- El alcalde de una localidad minera del sur de Ecuador fue asesinado el viernes, el segundo homicidio de una máxima autoridad municipal en apenas tres días y en vísperas del referendo del domingo sobre reformas para enfrentar al crimen organizado.
“Esta mañana, Jorge Maldonado, alcalde del cantón Portovelo, #ElOro, fue víctima de disparos que ocasionaron su deceso”, indicó la policía en la red social X.
En imágenes difundidas en chats de prensa se observa al funcionario tendido en una acera sobre un charco de sangre alrededor de su cabeza. Maldonado es el segundo alcalde ecuatoriano asesinado desde el miércoles, cuando José Sánchez, jefe municipal de la población minera de Camilo Ponce Enríquez (en la provincia de Azuay, sur andino), también fuera acribillado.
En marzo, Brigitte García, alcaldesa de la costera San Vicente (oeste) y la más joven (con 27 años) autoridad municipal elegida en los comicios de 2023, murió al ser baleada. Desde 2023, al menos una docena de políticos han sido asesinados en Ecuador. El caso más sonado fue el del presidenciable Fernando Villavicencio, baleado en agosto por sicarios colombianos al salir de un evento de campaña en Quito de cara a las elecciones anticipadas de ese mismo año.
A la violencia política se suma una crisis energética y otra diplomática a pocos días de un referendo impulsado por el presidente Daniel Noboa para decidir si se endurecen las condenas contra el crimen organizado y aprueba la extradición de connacionales.
Ecuador enfrenta apagones de hasta 13 horas debido a una grave sequía desde marzo, que llevó a niveles críticos los embalses de centrales hidroeléctricas. El gobierno también lidia con una imagen internacional golpeada y la ruptura de relaciones con México, luego de que ese país lo demandara ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por asaltar su embajada en Quito.
La policía señaló que Maldonado fue asesinado “mientras se encontraba realizando actividades personales” en un barrio del minero Portovelo, ubicado en la provincia costera de El Oro (suroeste y fronteriza con Perú). Fiscales, periodistas y policías también figuran entre las víctimas fatales de organizaciones criminales con vínculos con carteles de México y Colombia, así como con la mafia albanesa.
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú —los mayores productores mundiales de cocaína—, dejó hace años de ser una isla de paz y se convirtió en un punto estratégico para bandas ligadas al narcotráfico, que imponen un régimen de terror. El año pasado, la tasa de homicidios alcanzó el récord de 43 por cada 100 mil habitantes.
Ante la embestida del narco, que en enero dejó una veintena de muertos, el presidente Noboa declaró ese mes a la nación en conflicto armado interno y movilizó a las Fuerzas Armadas con la orden de neutralizar a unas 20 bandas, tildadas de “terroristas” y “beligerantes”.
“La ola de violencia que ha cobrado la vida de dos alcaldes ecuatorianos en menos de una semana es una señal de alarma que no podemos ignorar”, señaló la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) en un comunicado.
Los crímenes son “indicativos de una grave crisis de seguridad que pone en riesgo la vida de todos los líderes municipales”, añadió el gremio. La AME exigió “al Estado y a las autoridades correspondientes una acción inmediata y decisiva para garantizar la seguridad de los 221 alcaldes/as del país”.
Investigaciones periodísticas sugieren que los recientes asesinatos están relacionados con la minería ilegal de oro. De acuerdo con el portal Código Vidrio, la banda criminal de Los Lobos controla y opera unas veinte minas de oro ilegal en Camilo Ponce Enríquez, con ganancias estimadas en 3,6 millones de dólares al mes.
El Oro y Azuay poseen un alto potencial minero y son escenarios de actividades ilícitas.
Noboa, en el cargo desde noviembre para un período de 18 meses, promueve el “sí” a endurecer las leyes contra las bandas en la consulta del domingo: aumentar las penas para delitos como terrorismo y narcotráfico, que los militares den apoyo complementario a policías para combatir el crimen organizado y que las armas incautadas puedan ser utilizadas por la fuerza pública.
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