CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ordenó a Ricardo Anaya, excandidato presidencial, que se presente físicamente a la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputará por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero; sin embargo, la diligencia se realizará hasta 2022.
Durante la audiencia programada este lunes ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, el excandidato presidencial fue advertido de que de no presentarse el próximo 31 de enero de 2022 de manera física, la FGR podrá solicitar orden de aprehensión en su contra.
La diligencia de este lunes estaba programada para que la FGR formulara imputación contra Anaya por supuestamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Eduardo Aguilar, abogado de Anaya, informó al juez que debido a que la carpeta de investigación cuenta con 137 mil hojas, en un cálculo de lectura de ocho horas diarias, se requieren 284 días para terminar de revisarla, por lo que solicitó aplazar la audiencia por tercera ocasión.
“La acusación es absurda y completamente falsa y necesito tiempo para demostrarlo”, dijo el abogado.
El juzgador preguntó a la FGR, a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Cámara de Diputados, que compareció como víctima, quienes indicaron que no se oponían a la petición.
En consecuencia, tomando en consideración la apertura de las audiencias, el juez fijó las 09:00 horas del 31 de enero de 2022 para realizar la audiencia de imputación de manera presencial.
Ricardo Anaya y el caso Lozoya
El caso contra el panista derivó de la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en la que señaló a 70 personas por actos de corrupción y con la que busca que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad para librar las acusaciones que enfrenta por Odebrecht y Agro Nitrogenados.
De los 70 mencionados, el excandidato presidencial será el segundo en comparecer ante un juez para escuchar la imputación y las pruebas que la FGR tiene en su contra.
En su denuncia, Lozoya dijo que fue instruido por Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, para entregarle 6 millones 800 mil pesos a Anaya para que votara por la reforma energética.
El exdirector de Pemex indicó que su exjefe de escoltas, Norberto Gallardo, fue el encargado de dar a Anaya dicha cantidad en 2014 en las instalaciones de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el panista afirmó que en 2014 él no era diputado federal pero, de acuerdo con la FGR, en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados donde se aprobó la reforma energética, existe constancia de que el excandidato votó a favor de la modificación.
La denuncia de Lozoya había servido al exfuncionario para negociar con la FGR un criterio de oportunidad y que los fiscales no solicitaran sujetarlo a prisión preventiva justificada, beneficio que disfrutó durante 15 meses. Luego de darse a conocer las fotos donde el exdirector de Pemex aparece cenando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, la fiscalía cambió la postura y desde el 3 de noviembre Lozoya permanece sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.
Anaya, autoexiliado de México
Desde agosto pasado, la fiscalía intentó, por primera vez, imputar al panista, pero debido a que no había dado acceso a la defensa a la carpeta de investigación, el juez difirió la audiencia para octubre.
Al ser notificado de la primera diligencia, Anaya informó que se autoexilió de México porque consideró que existe una persecución política en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para octubre, cuando se realizó la segunda audiencia, la FGR dio acceso a la carpeta de investigación pero apenas unos días antes de la cita los fiscales agregaron un legajo de mil hojas. Por ello, los abogados de Anaya indicaron al juez que requerían más tiempo para estudiar los documentos nuevos.
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