CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido y quien fue víctima de espionaje con el software Pegasus en el sexenio anterior, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador dar la absoluta certeza de que esa práctica ya se erradicó en su gobierno.
“El Estado mexicano y en particular la Presidencia de la República tiene que dar la absoluta certeza de que este tipo de programas han sido desarticulados y que el control judicial debe prevalecer para la utilización en materia de seguridad nacional, pero no se puede utilizar como un mecanismo de lucha contra la oposición o contra activistas sociales”, dijo en rueda de prensa.
Dijo que no basta con la palabra del presidente López Obrador de que ya no se espía a nadie, sino que debe crearse un grupo de trabajo, conformado por víctimas de espionaje, donde la Presidencia muestre voluntad para quienes resultamos afectados podamos investigar y tener certeza de que ya no existe.
El ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso de estos instrumentos cuando se conformó el grupo interinstitucional de expertos para investigar el caso Ayotzinapa, del cual fue parte.
Álvarez Icaza, en otros temas, se refirió a la Consulta Popular para juzgar a los ex presidentes, ya que dijo que violenta los derechos de las víctimas de delitos en casos como Ayotzinapa, Tanhuato y los miles de desaparecidos en el país.
“Tiene que tener claro la gente que los derechos humanos no se votan, no pueden estar sometidos a votación y este ya es un principio universal establecido no sólo en el derecho internacional, sino también en las obligaciones que tiene el Estado mexicano”, indicó.
Subrayó que si el Estado mexicano tiene los elementos, las denuncias o por lo menos los indicios, no tiene por qué preguntarle a la gente sino que la autoridad tiene que actuar porque de lo contrario se trata sólo de una simulación.
Además, dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación traspasó sus facultades al avalar una consulta con vicios de ilegalidad y agregó que la redacción de la pregunta es confusa y que no tiene nada que ver con la propaganda del presidente y sus aliados. “Me parece delicado que la SCJN sea cómplice en esta consulta”, concluyó.
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