Este jueves, a las 9:30 horas, Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta argentina, recibió la visita de varios policías en algunas de sus propiedades y en los espacios donde se movía en la provincia patagónica de Santa Cruz.
El juez federal Claudio Bonadio ordenó 10 allanamientos, en el marco de una investigación a Fernández de Kirchner por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos en Los Sauces, S.A., una sociedad anónima creada en 2006 por Néstor Kirchner, Cristina y el hijo de ambos (y actual diputado) Máximo. Los Sauces, S.A. tiene vínculos con Lázaro Báez, un antiguo empleado bancario, amigo de Kirchner, devenido en zar empresarial durante el kirchnerismo y actualmente preso.
La causa fue iniciada por la diputada Margarita Stolbizer, una dirigente crítica al kirchnerismo y al macrismo, y el juez Bonadio buscó información catastral y de rentas sobre las propiedades de la ex presidenta en Río Gallegos (la capital de Santa Cruz), en El Calafate (la tranquila ciudad donde Fernández de Kirchner suele replegarse) y en El Chaltén.
Aunque algunos políticos consideran que este paso busca cercar a la ex mandataria, la diputada nacional Elisa Carrió, histórica opositora al kirchnerismo y ahora aliada al presidente Mauricio Macri, criticó los allanamientos en Santa Cruz.
“Distraen para no avanzar sobre lo de verdad importante, el narcotráfico y [el ex jefe de Gabinete] Aníbal Fernández y todo los manejos multimillonarios que hizo [el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios] Julio De Vido en 12 años”, dijo. Para Carrió, “quedará tiempo para Cristina; nosotros en esa no estamos”. Agregó: “Para proteger a De Vido y Aníbal Fernández, van por Cristina y algo que se supone más grande, pero nosotros nunca estuvimos ni vamos a estar en guerras políticas o personales; no buscamos operaciones políticas ni venganza”.
La denuncia plantea que la casa en la que vive la ex presidenta, en la calle Mascarello 441 de Río Gallegos, fue adquirida por Los Sauces, S.A. en noviembre de 2012.
Según el texto, se pagaron 250 mil dólares a Negocios Patagónicos S.A., una sociedad vinculada a Osvaldo Sanfelice, un socio de Máximo Kirchner. A su vez, Sanfelice la habría adquirido un año antes por 50 mil dólares.
“Los allanamientos llegan en un momento en el que el kirchnerismo parece tocar fondo”, dijo a EL UNIVERSAL Marcelo Tambero, investigador de la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires.
El 13 de junio, José López, ex secretario de Obras Públicas durante los gobiernos kirchneristas y actual diputado del Parlasur, fue capturado mientras intentaba ocultar casi 9 millones de dólares en un monasterio de la provincia de Buenos Aires. López, procesado ayer por enriquecimiento ilícito, fue embargado por 200 millones de pesos argentinos (unos 13 millones de dólares). También se le investiga por posibles delitos contra la administración durante su gestión.
“En poco más de seis meses de gobierno macrista, las investigaciones contra ex funcionarios kirchneristas se han convertido en algo normal”, dijo Tambero, de la Universidad de Buenos Aires. Señaló que Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete, y Juan Manzur y Daniel Gollán, ex ministros de Salud, están procesados.
