LOS ÁNGELES.- Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) allanaron este lunes mansiones en Los Ángeles y Miami asociadas con el magnate del rapero Sean “Diddy” Combs y su productora, como parte de una investigación federal al parecer vinculada al tráfico de personas, según informaron medios estadounidenses.
Una lujosa vivienda de Holmby Hills, un barrio acaudalado de Los Ángeles conocido como hogar de celebridades y que acogió a la antigua Mansión Playboy, fue allanada por agentes del HSI, que hace parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) .
La residencia está asociada con la productora Bad Boy Films de Combs, según informó el canal ABC.
El HSI de Nueva York confirmó a la televisora en un comunicado que sus agentes ejecutaron “acciones policiales como parte de una investigación en curso” contra el cantante de ‘I’ll Be Missing You’.
La casa de Combs en la exclusiva Star Island, una isla artificial de Miami Beach, en Florida, también fue allanada este lunes.
La redada en las propiedades relacionadas con Combs, conocido en el mundo del espectáculo como “Diddy” hacen parte de una investigación federal sobre trata de personas contra el rapero iniciada en Nueva York, aseguraron fuentes federales a ABC.
A finales de 2023 Combs fue demandado en cuatro ocasiones por supuesta violación, la última presentada el 6 de diciembre asegura que el rapero drogó en su estudio de Nueva York y violó a una menor de edad.
La demanda era similar a la entablada por Casandra Ventura, la cantante de R&B conocida como Cassie y exnovia de Combs, quien lo acusó de violarla y golpearla a lo largo de una década. Los dos lograron un acuerdo monetario pocos días después de presentada la querella legal.
Combs ha negado las acusaciones que enfrenta y dijo en diciembre pasado en una publicación de Instagram que las demandantes “intentaban difamarme, destruir mi reputación y mi legado”.
Varias de las demandas que enfrenta el cantante se hicieron bajo el amparo de la Ley de Víctimas de Violencia de Género de Nueva York, que permite a los supervivientes de la violencia de género presentar demandas civiles contra sus agresores, incluso una vez transcurrido el plazo de prescripción.
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