El vídeo donde aparece un canadiense sexagenario besando a una niña de tres años frente a policías federales de la Gendarmería y a su papá, indignó a la ciudadanía. Las imágenes que se viralizaron en redes sociales destaparon que en Guerrero el abuso infantil no es considerado delito grave.
Por años, el puerto ha sido receptor de turistas extranjeros, sobre todo canadienses jubilados, en los meses de noviembre a febrero, estiman autoridades municipales.
Walter Zuk, un herrero de Ottawa, confesó que viene desde hace cuatro años al puerto y no es la primera vez que besa a una menor. Les da dulces, chocolates, dinero, y en el caso que se hizo público, 300 pesos a los papás “y ellos felices”, dijo.
El domingo pasado fue detenido y el miércoles declaró ante el juez. El fiscal general del estado, Xavier Olea, solicitó a la juez Quinto Penal que le niegue libertad bajo fianza aunque se le acreditaron los delitos de corrupción de menores y abuso sexual, considerados no graves en el código penal.
Pero este caso no es único. Los turistas se colocan en puntos estratégicos para intercambiar dulces, dinero, droga a niños desde seis y hasta 14 años, calcula un prestador de servicios del área de la Condesa, donde se encuentran los puntos considerados rojos, como el bulevar Vicente Guerrero, que divide las colonias Ciudad Renacimiento y Emiliano Zapata; la periferia o el Zócalo, entre otras zonas del malecón.
Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina, organización que ha seguido el tema de trata infantil, pederastia y abuso infantil en México y otros países, criticó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero trate el tema, en el caso del canadiense, como abuso, cuando por las características se puede fundamentar en su totalidad el delito de trata de personas.
“Es el desconocimiento de la existencia y el respeto a la Ley General de Trata (General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos), a la propia Constitución (por parte de la FGE)”, explicó la activista.
