Aproximadamente 60 alumnos de entre tres y cinco años del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat fueron víctimas de abuso sexual entre 2017 y 2019, y hasta ahora sólo 17 consiguieron una sentencia condenatoria contra uno de sus agresores.
Las denuncias fueron presentadas ante las autoridades, hubo quienes desistieron, otras que siguen en trámite y los 17 que lograron que el 29 de diciembre de 2021 el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna condenara a su agresor no han concluido su camino para recibir justicia.
Ramón Morales, quien ocupaba la plaza de Apoyo Técnico Pedagógico en la Zona Escolar 179 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), fue declarado culpable de los delitos cometidos contra los niños.
Fue condenado a 494 años y nueve meses de prisión: 63 años por pederastia, 252 por pederastia agravada, nueve por pederastia tentativa, 93 más seis meses por violación equiparada agravada y 77 más tres meses por abuso sexual agravado. También se le impuso una multa por 37 mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Sin embargo, nada de lo que ordenó el juez puede ejecutarse porque Morales apeló la decisión y las víctimas deben esperar a que concluya los recursos que considere necesarios para ver si puede modificar la resolución.
Autoridades no brindaron protección
Esto podría retrasar por meses o años, no sólo las sanciones contra Morales, sino contra la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México y la SEP, que fueron declarados penalmente culpables por el juez por no proteger a los niños adecuadamente.
En la sentencia que aún no puede ser cumplida, el juez ordenó dar apoyo sicológico y/o siquiátrico a los niños y sus familiares de manera gratuita y por el tiempo que sea necesario. El gobierno federal deberá pagar a 12 de las víctimas directas e indirectas, cantidades que van desde los 47 mil 376 hasta 85 mil 320 pesos.
Además de una reparación del daño inmaterial por un millón 450 mil 800 pesos para cada familia afectada, así como apoyos para la adquisición de vivienda, becas educativas hasta la universidad para los niños y apoyo para que sus padres consigan trabajo, y que la SEP emita una disculpa pública y destine un día del ciclo escolar para capacitar a su personal, alumnos y padres de familia sobre la prevención de este tipo de conductas.
La SEP está adherida a un protocolo para evitar la violencia sexual infantil, el cual fue creado el sexenio pasado y marca que, de existir un probable caso de abuso en un plantel escolar de educación básica público o privado, se debe informar a la dirección del plantel, notificar a las autoridades legales para poner a disposición ministerial al agresor, informar a los padres de familia de la víctima, retirar al presunto responsable del grupo y elaborar un acta de hechos, entre otros lineamientos.
Acompañamiento
En entrevista, Mariana Gil y Yuli Pliego, abogadas de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), que dieron acompañamiento a las víctimas en el litigio, explicaron que la posibilidad de modificar o incluso revocar la sentencia está en manos de los juzgadores federales, pero confiaron en que el trabajo realizado con las víctimas sea lo suficientemente sólido para sustentar la sentencia.
Este caso es uno de los 20 que ha documentado la ODI en el país. El 12 de octubre de 2018 autoridades de la escuela convocaron a los padres del grupo donde Ramón Morales daba clases para informar de un incidente en el que él mostró sus genitales frente a los alumnos.
Se aseguró a los papás que las autoridades estaban tomando cartas y pidieron que guardaran silencio, pues Morales ya había sido reubicado.
En la junta estuvo un abogado de la SEP, quien intentó disuadir a los papás que querían denunciar los hechos ante la entonces procuraduría capitalina.
Al acudir al Ministerio Público local, nadie les informó que la denuncia debía ser presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) por tratarse de un servidor público.
Ramón Morales fue detenido el 19 de octubre de 2018 y en diciembre de ese año, la ODI tomó el caso. “Cuando ves el expediente y escuchas los testimonios resulta que hay 60, es fuerte porque genera impotencia”, explicó la abogada Mariana Gil.
Comentaron que el caso sirvió para confirmar lo que la organización advirtió desde 2021 sobre abuso infantil en las escuelas, como los patrones de múltiples víctimas, agresores y violencia similar en otros hechos.
El proceso de Morales destapó una red de funcionarios involucrados en estos actos y a quienes el juez Delgadillo Padierna ordenó investigar, pues se demostró que algunos de los maestros participaban, facilitaban o permitían, por omisión, que los niños fueran agredidos sexualmente.
Según las investigaciones, se llegó al grado de sacar a los niños del kínder para abusar de ellos sexualmente en inmuebles aledaños a su escuela.
“Aún no existen garantías de que los niños y niñas tengan en sus escuelas un espacio seguro en el que puedan cumplir el objetivo educativo al que van (…) donde vemos que existe esta pasividad, de que esos actos sean organizados, porque no sólo participa una persona, sino que hay más o que hay un ambiente de encubrimiento”, explicó Yuli Pliego.
Mariana Gil reconoció que aún no se identifica un número de funcionarios coludidos con los abusos ocurridos en el kínder Champagnat.
“Podemos decir que no se entiende un caso así sin que todos lo supieran, con diferentes tipos de participaciones y con esta parte inexplicable de que hubiera alguien que no lo supiera”, dijo.
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