MÉXICO.- La baja remuneración económica es una de las mayores adversidades a la que los jóvenes mexicanos se tienen que enfrentar en el campo laboral, ya que 8 de cada 10 no cuentan con el ingreso suficiente para comprar la canasta básica para dos personas.
Este segmento de la población es el más afectado en cuestiones laborales, ya que 51% de los jóvenes no cuenta con seguridad social, mientras el 63%, a pesar de estar empleado, no tiene un contrato estable; lo cual viola sus derechos laborales, explica un estudio de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, este colectivo compuesto por más de 30 organizaciones civiles, fundaciones y empresas, reconoció el gran rezago y vulnerabilidad que viven la juventud, así como las precarias condiciones de trabajo a las que se tienen que enfrentar.
Refirió que hay casi 3 millones y medio de jóvenes desempleados o disponibles para trabajar, pero “no buscan (el empleo) porque saben que no lo pueden conseguir”.
La ONG calificó como insostenibles e inaceptables las condiciones de trabajo para la juventud en México, ya que se encuentran entre las peores no sólo entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sino de América Latina, “en comparación con economías de menos dinamismo y tamaño”.
Mejoras a Jóvenes Construyendo el Futuro
La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno aseguró que está en la mejor disposición para colaborar con el gobierno federal y empleadores para hacer realidad las mejoras a esa situación, por ejemplo, a través de una serie de recomendaciones para mejorar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF).
Alianza Jóvenes con Trabajo Digno valoró positivamente el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se beca con 3,600 pesos mensuales a jóvenes sin empleo para ser capacitados por empresas privadas.
No obstante, indicó que es importante mejorar ciertos elementos, como que el proyecto llegue a jóvenes que enfrentan mayores obstáculos para conseguir trabajo; lograr que desarrollen “habilidades blandas” -soft skills-; que se articule una capacitación técnica para atender problemáticas con atención especializada; que se garantice la transparencia y se evite el clientelismo electoral.
La asociación también reconoció la recuperación gradual del salario mínimo y la reciente reforma que “permitirá contar con justicia laboral expedita y con libertad y democracia sindical”.
Sin embargo, dijo que le propondrán a la Secretaría del Trabajo y a la Cámara de Diputados que el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año incluya que el programa tenga reglas de operación, como que el 70% de los participantes se inserte en empresas privadas y el 10% en organizaciones civiles.
También, explicó, que haya un enfoque de inclusión hacia las mujeres, así como evitar recortes al presupuesto a la educación técnica y tecnológica.
En el caso de las empresas de outsoursing (subcontratación o tercerización del empleo), refirió sobre la necesidad de apoyar esfuerzos a frenar sus actos ilegales, así como los modelos de negocios basados en salarios bajos, evasión de seguridad social y cero prestaciones, por lo que recurrirán al diálogo con empleadores y autoridades.
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