Llama OEA a evaluar si conviene seguir con el voto popular judicial

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MÉXICO.- La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó su preocupación por el bajo nivel de participación ciudadana en las elecciones judiciales del domingo, y señaló en su informe preliminar que no recomienda este modelo de selección de jueces, ministros y magistrados.

Las lecciones aprendidas en este proceso resaltan la importancia de que toda reforma al modelo de selección de jueces se haga de manera gradual, a partir de un debate verdaderamente plural y, sobre todo, con base en un diagnóstico comprensivo, técnico y profesional sobre las problemáticas que se busca resolver y los mecanismos más efectivos para hacerlo. Dicho lo anterior, la Misión no recomienda que este modelo de selección de jueces se replique en otros países de la región”, se expone.

En el documento de 37 páginas se detalla que la delegación estuvo presidida por el excanciller de Chile, Heraldo Muñoz Valenzuela, con la participación de 16 personas de 10 nacionalidades, quienes llegaron a México de manera escalonada a partir del 24 de mayo y se reunieron con integrantes del INE, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, la Secretaría de Gobernación, la FGR, candidaturas y representantes de organizaciones civiles que solicitaron ser escuchados.

Al destacar que, según los datos disponibles, la participación fue de 13%, los observadores señalaron que “se trata de uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral” y subrayaron que “se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados”.

Si bien las recomendaciones abarcan desde ampliar el presupuesto del INE hasta regular la evaluación técnica de los perfiles de los aspirantes, pasando por evitar la coincidencia entre elecciones federales y judiciales, la principal conclusión de la misión de la OEA es que el voto popular no es una vía recomendable para renovar las instancias del Poder Judicial.

En el inicio del reporte se destaca que la votación se desarrolló en un clima de tranquilidad y se reconoce el trabajo en casillas y de los funcionarios electorales. Se enfatiza que “este ha sido un proceso electoral sumamente complejo y polarizante”.

La Misión de la OEA sostiene que “la ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales a través del voto popular —que no tiene precedentes a nivel mundial— contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia, o si, por el contrario, debilita la transparencia, imparcialidad, eficacia e independencia del Poder Judicial”.

Entre las recomendaciones principales se encuentran:

  • Introducir reformas legales para evitar la coincidencia entre elecciones presidenciales, legislativas, gubernamentales, locales y judiciales, con el fin de preservar el carácter no partidario de estas últimas.
  • Asignar a un órgano independiente —separado de los tres poderes del Estado e integrado por personas de reconocida competencia, imparcialidad y prestigio— la responsabilidad de verificar la elegibilidad e idoneidad de las candidaturas.
  • Establecer la obligación de que todos los aspirantes presenten un examen técnico anónimo, con criterios claros para evaluar los conocimientos jurídicos específicos que requiere cada cargo.
  • Regular de manera previa, clara y específica los criterios, parámetros y metodologías para evaluar los méritos y la experiencia de los aspirantes, mediante un documento público.
  • Fortalecer los mecanismos de control de elegibilidad desde la etapa de registro, de modo que solo en casos excepcionales un candidato ganador pueda ser declarado inelegible por hechos sobrevenidos.
  • Crear un espacio multidisciplinario —con profesionales del ámbito electoral y judicial— para evaluar y simplificar el diseño de las boletas de votación.
  • Evitar que en las boletas se indique qué poder de la Unión propuso cada candidatura, a fin de prevenir posibles influencias sobre la voluntad del electorado.
  • Documentar y difundir los criterios utilizados para definir las circunscripciones electorales, a fin de evitar sospechas sobre posibles intenciones políticas en el trazo de los mapas.

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