TAMAULIPAS.- La Ley de Voluntad Anticipada en Tamaulipas, que procura el derecho a una muerte digna, será planteada por el PRI ante el Congreso del Estado, como parte de su agenda prioritaria en la 66 Legislatura, informó en tribuna la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente.
El mismo proyecto fue rechazado por los anteriores integrantes parlamentarios, después de haber sido presentada por el Partido Acción Nacional y es un tema polémico por sus implicaciones legales y religiosas.
“En temas de salud, que conoce a la perfección nuestro gobernador, estamos dispuestos para que a pesar de la centralización, se puedan implementar leyes como la de voluntad anticipada, como está en otros estados”, dijo la también dirigente del tricolor.
Señaló que esta regulación, sumada a otras iniciativas en el ámbito de prevención en favor de adultos mayores y que el acceso a la salud sea una realidad, así como reforzar la legislación en materia de derechos humanos, serán parte de los puntos que habrá de impulsar en el primer periodo ordinario de sesiones.
Ley de Voluntad Anticipada en México
La Ley de Voluntad Anticipada permite a enfermos terminales decidir si continúan o no con tratamientos que prolonguen su vida. La Ciudad de México fue la primera entidad en aprobarla desde enero de 2008.
Entre los estados que cuentan con esta regulación se encuentran también Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala.
El grupo parlamentario del PAN la propuso en octubre de 2022, pero fue rechazada en junio de 2023 por el voto mayoritario compuesto por la bancada de Morena, las tres diputadas sin partido y Movimiento Ciudadano, por lo que se archivó el expediente y se declaró asunto concluido.
“Las voluntades anticipadas contemplan la posibilidad de ser modificadas en cualquier momento si el firmante lo considera necesario a causa de un cambio de opinión, pero no se puede saber si esos cambios de opinión se podrían haber producido también después de perder la capacidad”, argumentó la comisión dictaminadora.
Se consideró que aprobar esta norma, incitaría a que las y los pacientes y sus familiares renuncien a un tratamiento de manera anticipada, ya que la evolución de cada paciente es dependiente de una infinidad de factores, mismos que no se pueden mencionar ni anticipar ya que cada ser vivo es único, así como sus posibles pronósticos.
“Podría propiciar que especialistas de la salud, reduzcan su interés por la investigación para salvar vidas de pacientes con diagnóstico de enfermedad en fase terminal, o para mejorar su calidad de vida, pudiéndolo denominar como una limitación del esfuerzo terapéutico”.
Se expuso que la iniciativa está dirigida únicamente a la Secretaría de Salud, no incluye el sector privado y no se cuenta con programa estatal de cuidados paliativos, ni con un sistema de registro y salvaguarda de documentos de voluntad anticipada, por lo que fue declarada improcedente.
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